Los vecinos de Xàbia despiertan tras siete años de la pesadilla del "catastrazo". La Dirección General del Catastro comunicó ayer al alcalde, José Chulvi, del PSPV, que la ponencia de 2005 (en vigor desde 2006) ya no vale y que hay que volver a aplicar la de 1995. Este organismo ha dado su brazo a torcer tras confirmar ahora la Abogacía del Estado que la sentencia del pasado 22 de marzo del Tribunal Supremo anula el "catastrazo" sin matices posibles. Los valores de 2005, que superaban incluso el 50% del entonces inflado valor de mercado, son contrarios a derecho. Ya no hay duda.

Pero la buena noticia de que los vecinos ya no pagarán una barbaridad de IBI también tiene otra lectura no tan positiva. Los ingresos del Ayuntamiento se vienen abajo. Ayer, el alcalde compareció junto a sus socios de gobierno de Xàbia Democrática y CpJ y también con los representantes de los grupos de la oposición. Chulvi se afanó en lanzar un mensaje de tranquilidad. "El Ayuntamiento tiene músculo financiero suficiente para mantener todos los servicios. Ya les gustaría a otros municipios estar en la situación de Xàbia", enfatizó, al tiempo que mostraba su satisfacción por la definitiva anulación del "catastrazo".

Este Consistorio no tuvo que recurrir al plan de pago a proveedores porque abona las facturas al día. Era una isla de cierta bonanza económica. Hasta ayer. La ponencia de 2005 resultaba injusta por sobrevalorada, pero la de hace 17 años también lo es por desfasada. Esos obsoletos valores, pese a que el Consistorio aplicará ahora un tipo impositivo más alto en el IBI y también la subida del 10% impuesta por el Gobierno central (antes la esquivaba por tener actualizada la ponencia), hunden los ingresos y abocan al Consistorio a un plan de ajuste y a otro económico-financiero. El edil de Hacienda y portavoz de Xàbia Democrática, Óscar Antón, avanzó que las medidas de ajuste estarán vigentes cinco años y enjugarán el déficit de 11 millones de euros que se producirá este año y el próximo. Para enero de 2014 el Ayuntamiento ya espera tener una nueva ponencia del catastro. Mientas, el agujero será de 7 millones este año y de "sólo" tres el próximo, ya que se subirá el tipo impositivo del IBI al máximo legal.

Antón avanzó que se van a amortizar todas las plazas de personal municipal que están vacantes y que se meterá la tijera en los gastos. Los contratos también se negociarán a la baja con recortes que podrán llegar al 20%.

Un resquicio para que los vecinos puedan reclamar lo pagado de más durante seis años

El concejal de Hacienda, Óscar Antón, dijo ayer que los informes que manejan (uno del abogado Juan Martín Queralt, que ha defendido al ayuntamiento contra el catastrazo, y otro de la universidad) no dejan margen a que los vecinos puedan reclamar que se les devuelva el dinero que han pagado de más de IBI durante los últimos seis años. Recordó que la reciente sentencia del Supremo ratificaba la del TSJ de 2007, que anuló los valores catastrales municipales. Los vecinos tenían por ley un año para reclamar y ese plazo habría empezado a contar tras ese primer fallo. Sin embargo, el dictamen de la Abogacía del Estado sí abre un resquicio. Sostiene que "el alcance de ambas -sentencias- es absolutamente diverso" y que es la del Supremo la que tumba toda la ponencia de 2005 y obliga a volver a la de 1995. Por tanto, la cuenta atrás para reclamar se habría iniciado el pasado mes de marzo. No es una cuestión baladí. El Ayuntamiento puede adelgazar al desmoronarse los ingresos previstos en 2012. Pero si tuviera que devolver una millonada a los vecinos, su futuro económico si se vería muy comprometido.