El catastrazo de Xàbia, aprobado por la Dirección General del Catastro en 2005, en pleno boom inmobiliario, y que disparó los impuestos que los vecinos pagaban por sus propiedades (el valor catastral superaba incluso el 50 % del entonces hinchado precio de mercado), podría ser ya historia. El Tribunal Supremo ha considerado ahora que esa ponencia del catastro es nula, porque hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que la revoca. El fallo del Supremo, si se atiene a su sentido literal, tumba los valores catastrales que han estado en vigor los últimos seis años y que han servido para calcular el IBI.

El ayuntamiento, gobernado ahora por PSPV, Xàbia Democrática y CpJ, ha tenido que reaccionar rápido ante la posible nulidad de la ponencia de valores. Ha paralizado el cobro de los recibos del IBI, cuyo periodo de voluntaria se iba a iniciar ya en mayo. Además, el alcalde, José Chulvi, convocó ayer a todos los portavoces municipales. La trascendencia del fallo está por ver. Pero a nadie escapa que, tras luchar para que el catastrazo se aboliera, el ayuntamiento podría pagar ahora cara su victoria. La recaudación de IBI se quedaría muy lejos de los 20 millones ahora previstos. En una primera estimación, se calcula que el consistorio dejaría de ingresar entre seis y siete millones. El presupuesto municipal se iría al garete. Y este consistorio, que es de los más saneados de la Marina Alta, ya que ni siquiera tiene facturas pendientes con los proveedores, entraría de sopetón en graves dificultades económicas. Eso sin contar el presumible aluvión de reclamaciones de los vecinos. Podrían pedir que se les devolviera lo que han pagado de más de IBI durante los últimos 4 años (lo de antes ha prescrito).

Pero en el ayuntamiento nadie quería ayer adelantar acontecimientos. El alcalde abogó por la prudencia. Mientras, el concejal de Hacienda, Óscar Antón, dijo que no había que generar posibles falsas expectativas en los vecinos, ya que el fallo del Supremo tiene sus matices.

El galimatías del catastrazo, con sentencias contradictorias y fallos que luego no eran lo que parecían, aconseja ser cautos. El munícipe precisó que el Alto Tribunal no entra a valorar el fondo del caso, sino que da por buena la sentencia del TSJ. Ese fallo es para analizar. Revocaba los 354 valores de propiedades municipales, que a partir de entonces volvieron a estar regidos por la ponencia de 1995. Los declaraba nulos porque la ponencia también incurría en causa de nulidad. Sin embargo, la Dirección General del Catastro siguió aplicando para el resto de valores del término municipal, es decir, los de todos los vecinos, la revisión catastral de 2005. Cuando el consistorio interpuso incidente de ejecución de sentencia ante el TSJ, al considerar que toda la ponencia quedaba invalidada, este tribunal respondió que el objeto del pleito eran sólo los valores municipales.

Se ha dado también la paradoja de que particulares recurrieron sus valores y el tribunal, igualmente, los anuló, pero luego el Catastro, en el padrón que envía al ayuntamiento, siguió aplicando la ponencia de 2005.

Ahora, el consistorio ya había recibido del Catastro el padrón de 2012 para pasar a cobro el IBI. Pero ha llegado ese fallo del Supremo que remite al pronunciamiento del TSJ y que "expulsa del ordenamiento jurídico" la ponencia de valores que ha estado en vigor los últimos seis años. El embrollo es mayúsculo. El alcalde, junto a los portavoces, se entrevistará hoy con el abogado Juan Martín Queralt, que ha llevado los pleitos del ayuntamiento contra el catastrazo. Chulvi ha solicitado una reunión urgente con los responsables de la Dirección General del Catastro. El caso es que ahora que el ayuntamiento, por fin, podría haber tumbado la ponencia de 2005 las consecuencias de la batalla producen vértigo. Su estabilidad económica se tambalea.