Lo que para el empresario Ángel Fenoll es un as en la manga en su conflicto con el Ayuntamiento de Calp puede devenir una pieza importante en el puzle de amaños de la trama de la basura. Los abogados del empresario oriolano esgrimen ahora un documento municipal del 28 de abril de 1998, firmado por el entonces concejal de Servicios Técnicos, Manuel Roura, de Esquerra Unida, que exime a la empresa Colsur de la obligación de solicitar licencia de instalación y explotación para la planta de transferencia de basura donde durante 13 años se ha inflado el pesaje de los residuos hasta supuestamente defraudar al consistorio unos seis millones de euros.
Ese documento, que no figura en el sumario del caso Brugal, desbarata por ahora la pretensión del actual equipo de gobierno (PP e Independents de Calp-Els Verds) de clausurar la planta que, construida en el suelo protegido de la Serra d'Oltà, es hoy un vertedero incontrolado.
Los representantes legales de Fenoll se han afanado en apelar a esa escrito de Roura, que no está avalado por ningún informe técnico, y en los próximos días lo presentarán en el ayuntamiento.
El propietario de Colsur no se ha dado la misma prisa en acudir a declarar al juzgado de Dénia que investiga la pieza de Calp del caso Brugal. Estaba citado el pasado miércoles, pero el juzgado de Orihuela no logró localizarlo.
Testimonios claves
Las declaraciones de Fenoll y del empresario Francisco Artacho, quien, como cuñado del exedil del PP Juan Roselló ejerció, según el sumario del caso Brugal, de intermediario en el pago de sobornos a políticos y técnicos calpinos, son claves para reconstruir la trama de la basura. El propietario de Colsur pactó con Artacho -así se recoge en las grabaciones intervenidas por la policía- que entregaría, a cambio del contrato de la planta de residuos de Calp, 600.000 euros de comisión a repartir entre concejales y técnicos municipales.
El contrato se firmó en 1998, cuando el alcalde era Javier Morató, del PP, imputado ahora en este escándalo de la basura junto a los exediles del PP Juan Roselló, José Perles y Fernando Penella. También están imputados Fenoll, Artacho, quien ejercería de "enlace"a través de su cuñado, y los propietarios del terreno de la planta, Francisco Antonio Perles y María Teresa Molines. El grueso de los 600.000 euros del soborno debía salir de hinchar el pesaje de la basura.
Niegan que hubiera comisiones
Los políticos y técnicos que han acudido a declarar esta semana al juzgado de Dénia han negado que recibieran comisiones. Con todo, lo que sí está confirmado es el fraude del pesaje de los residuos. Colsur ha llegado a facturar 7.190 toneladas de basura en un mes (314.543 euros), cifra que se considera cuatro veces mayor que la normal para un municipio como Calp.
La investigación de esta pieza del caso Brugal también implicaba en un primer momento al exedil de EU Manuel Roura, quien no resultó finalmente imputado.
El documento al que Colsur apela para sortear el cierre de su planta en Calp confirma que Roura removió algunos obstáculos legales para que la planta empezara a funcionar sin demoras.
Fenoll y Artacho, según se desprende de las conversaciones intervenidas por la policía, tenían mucha prisa por empezar a recibir la basura y recuperar, a fuerza de engordar el pesaje y la facturación al ayuntamiento, el dinero que supuestamente debían dedicar a sobornos.
Las contradicciones del alcalde que no sabía nada
El titular del juzgado número uno de Dénia tomó declaración la pasada semana al exalcalde,Javier Morató, quien ahora es edil de Alternativa Popular, y a los exconcejales Fernando Penella y José Perles. Roselló acudió al juzgado, pero se acogió a su derecho a no declarar.
Morató, asistido por el abogado Moisés Vicens, que es también edil de Alternativa Popular, vino a describirse como el alcalde que no sabía nada. En sus 12 años de primer edil, sostuvo, nunca escuchó nada de irregularidades en la planta de transferencias de basura. Incluso aseguró que ignoraba las funciones concretas de los técnicos municipales que supervisaban el servicio.
Sin embargo, su versión se contradice con la de los técnicos, quienes sí que advirtieron de irregularidades en los pesajes. Es más, Morató instó en 2001 a la comisión de gobierno a sustituir a uno de estos técnicos cuando puso reticencias a que las algas retiradas de las playas también se pesaran en la planta. Por tanto, algo sí debía saber.a. padilla
