La bancarrota del Ayuntamiento de Calp no es cuestión de un día, ni de un alcalde, ni de un equipo de gobierno. En los 12 años de Javier Morató como alcalde, quien en las últimas elecciones dejó el PP y creó Alternativa Popular, partido por el que ahora es edil, el Consistorio ingresó millones a espuertas por el auge de la construcción. Pero el dinero salía como entraba. Numerosas obras se terminaron con sobrecostes millonarios. El acta de arqueo que se realizó en junio de 2007, cuando Morató dejó de ser alcalde y le sustituyó en el cargo Luis Serna, del PSPV, sitúa los ingresos del periodo en 44,4 millones de euros, mientras que los gastos subían a 39,3 millones. Se gastaba a manos llenas. Aún así, ese documento precisa que en ese momento había "en existencias" 13,5 millones de euros. Pero, en el último mandato, primero con el gobierno de PSPV, Bloc y PSD y luego con Joaquim Tur, del Bloc, como alcalde, quien se alió con el PP de Morató, nada mejoró. Todo lo contrario. Los ingresos urbanísticos cayeron en picado. Nadie fue capaz de aprobar un presupuesto y se mantuvo prorrogado el de 2007, el último que sacó adelante Javier Morató. Los ingresos eran irreales y el déficit engordó sin parar. Las cifras del cuadro adjunto, extraídas de un informe del departamento de Intervención, demuestran cómo el remanente negativo creció de forma galopante.

Esa evolución del déficit dibuja los pasos del Ayuntamiento hacia el abismo económico. En el año electoral de 2007, el remanente negativo de Tesorería se disparó de 6 a 17,4 millones. Los alcaldes del PSPV y del Bloc no pusieron freno en esa carrera frenética hacia la quiebra. En 2010, el remanente negativo ya superaba los 31 millones de euros. En cuatro años de presupuesto prorrogado, había engordado en 25 millones.

Ahora el nuevo gobierno de César Sánchez, del PP, ha heredado una deuda de 54 millones, que ha subido a 70 por las condenas judiciales (los fiascos urbanísticos de Javier Morató están detrás de la mayoría de las sentencias condenatorias), y se ve abocado a tomar medidas tan drásticas como el recorte de personal.

La política de clientelismo, con contratos en fraude de ley que han creado la heterogénea masa laboral de trabajadores indefinidos no fijos (unos 150), también ha contribuido a la bancarrota. El Consistorio de Calp tiene unos 600 trabajadores y el 68% del presupuesto se destina a gastos de personal. Una ruina.

El actual equipo de gobierno (PP e Independents-Els Verds) ha aprobado el primer presupuesto en los últimos cuatro años. Y plantea ahora, en su propuesta de recorte de personal, despedir y amortizar la plaza de 74 trabajadores. Los empleados municipales que se ven en la calle pagan los platos rotos de una nefasta gestión económica.