La sociedad Altea Futura S.A., urbanizadora del PAI Puentes del Algar exigió ayer al consistorio alteano la devolución del aval que presentó en junio de 2006 previsto para el desarrollo de dicho sector urbanístico, ahora paralizado y con las obras suspendidas tras las últimas decisiones judiciales, que tumbaron la urbanización de dicha zona. Dicho aval asciende a más de 7,5 millones a los que el consistorio, como ya dijo en su día, no puede hacer frente debido a la complicada situación económica.

Aquel PAI fue aprobado en septiembre de 2003 por mayoría absoluta de la corporación y con el voto a favor del PSOE, que hoy gobierna. En 2006 se suscribió el convenio urbanístico pertinente entre la empresa y el Ayuntamiento, tras la aprobación previa por la Comisión Territorial de Urbanismo de la modificación puntual del Plan General y de la homologación del plan parcial. Fue en junio de ese año cuando Altea Futura depositó el aval para el desarrollo del plan parcial por valor de 7.569.789 euros. A la vista de la "imposibilidad de la ejecución de las obras", que la empresa achaca "en gran parte a la actuación de la administración municipal", Altea Futura presentó un escrito el pasado 17 de julio en el que solicitaba que le fuera reconocido su derecho a percibir las cantidades que entregó al Ayuntamiento "y las que correspondan a la compensación por daños y perjuicios", a las que se añadirán "los intereses legales desde la fecha de solicitud hasta su completo abono".

De momento lo que la mercantil exige es la devolución del aval de 7,5 millones, según el escrito que presentó ayer un representante de la empresa en el Consistorio. En el mismo se señala que "lo único cierto es que a la fecha de la presente petición, el Ayuntamiento no sólo no ha desarrollado actuación alguna tendente a la ejecución de la obra de urbanización, sino que mantiene el expediente en un estado de paralización absoluta". El representante de Altea Futura incide asimismo en que el propio gobierno local ha manifestado "tanto en sede plenaria como a través de los medios de comunicación" su voluntad de "no proceder al desarrollo del sector". A juicio de la mercantil, ello es razón por la cual "el mantenimiento del referido aval carece de sentido y procede su devolución máxime cuando el mantenimiento del mismo le supone a la sociedad, además, un gasto continuo que dada la situación actual no tiene obligación de soportar".