El empresario Francisco Artacho, cuñado del concejal del PP de Calp Juan Roselló, tenía el mando absoluto en la mercantil Obras Hidráulicas de Levante (OHL), dedicada inicialmente al buzoneo y contratada en 2004 sin concurso por Aguas de Calpe para renovar la red transversal del agua. El administrador de OHL, Jesús Lara Santamaría, declaró de nuevo ayer ante el juez de Dénia que instruye este caso de sobrecostes en una obra pública. Lara Santamaría afirmó que fue Artacho quien decidió a qué subcontratas y personas se pagaban los 3,1 millones del contrato con la sociedad mixta Aguas de Calpe. Aseguró que él se limitaba a preparar "los cheques en blanco y luego Artacho los cumplimentaba" y entregaba. La declaración de Lara Santamaría debía aclarar quiénes son las tres personas que sin tener relación aparente con las obras ni con ninguna de las subcontratas recibieron de OHL más de un millón de euros. Pero está visto que él único que tiene la respuesta es el cuñado de Juan Roselló.
La jornada de ayer se presumía importante en el caso Aguas de Calpe, pero lo cierto es que no se avanzó mucho. A las diez estaban citadas esas tres personas de las que únicamente se sabe el nombre. No acudieron. El informe pericial de las cuentas de OHL reveló que esta empresa pagó a Antonio Céspedes López 435.600 euros; a Javier Rojo García, 350.320 euros, y a Raimundo Lozano Hernández, 273.984 euros. La cantidad total es de 1.059.904 euros y coincide con el sobrecoste en las obras de la red transversal. Ese desvío de presupuesto lo constataron la Universidad Politécnica de Valencia y la Comisión de Precios de la Conselleria de Comercio.
El informe pericial se entregó al juez el pasado mes de febrero. Pero no hay pistas de esos tres hombres. De ahí que ayer el juez ordenara su búsqueda. Según fuentes del caso, ni siquiera se conocen sus DNI. Tampoco se puede calificar de avance que el administrador de OHL sitúe al cuñado de Roselló en el centro de esta trama de subcontratas. No obstante, ayer quedó claro, según Lara Santamaría, que Artacho movía todos los hilos.
El caso Aguas de Calpe suma ya seis años de instrucción. Están imputados los mencionados Juan Roselló, quien también es diputado provincial, su cuñado Francisco Artacho y Jesús Lara Santamaría, así como Salvador Ibarra, que es el administrador de Montubo Obra Civil, la principal empresa subcontratada; José Alberto Mut, que ocupa el cargo de gerente de Aguas de Calpe, y Francisco Zorrilla, que es consejero delegado de Aguas de Valencia. Los presuntos delitos son prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionario público.
OHL cambió su objeto social para lograr el contrato de la red transversal que, en principio, era de 4,7 millones, pero luego se rebajó a 3,3. El sobrecoste en las obras se ha valorado en un millón de euros.
