L?a Guardia Civil detuvo en la tarde del lunes al ex alcalde de Llíber, José Mas Avellá, del PP, y a quien fue su aparejador municipal, Amador Signes, por su presunta participación directa en la trama de corrupción urbanística en la que también están implicados promotores, constructores e intermediarios. El ex primer edil pasó la noche en el cuartel del Instituto Armado en Xàbia, mientras que Signes, por una indisposición temporal, permaneció ingresado en el hospital con custodia policial. Está previsto que ambos pasen hoy a disposición judicial.

Mientras, en la mañana de ayer declararon ante la juez del Juzgado número 3 de Dénia tres de los seis empresarios detenidos el domingo y en la mañana del lunes. La magistrada dejó en libertad provisional a dos de ellos, que, sin embargo, siguen imputados por presunta estafa y cohecho, y ordenó el ingreso en prisión de Miguel M., el promotor de Xàbia que, supuestamente, urdió la estafa urbanística. El fiscal de Medio Ambiente de Alicante, Juan Carlos Carranza, pidió para este promotor prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 200.000 euros.

Sin embargo, fuentes del caso precisaron que, además de los ocho detenidos, de los que dos quedaron ayer en libertad provisional, hay una decena más de imputados, entre los que podría estar un notario. De hecho, también se investiga la supuesta falsificación de escrituras y contratos de venta de las viviendas. Por tanto, la magnitud de la presunta trama urbanística de Llíber no deja de sorprender.

Entre 300 y 350 chalés

Los delitos que se atribuyen a los implicados son los de presunta estafa, cohecho, pertenencia a asociación ilícita y contra la ordenación del territorio. El ex alcalde y el aparejador municipal hasta 2003 ya estaban imputados por permitir la construcción de entre 300 y 350 chalés ilegales. Esa causa, que está pendiente de juicio en Benidorm, está directamente relacionada con la estafa sufrida por trescientas familias extranjeras, sobre todo residentes ingleses, que compraron de buena fe casas y que luego han descubierto que están fuera de ordenación y que son difícilmente legalizables.

Al detener al ex primer edil y a su arquitecto técnico de confianza, la investigación sitúa a ambos como presuntos cómplices de la trama. De hecho, entre 1999 y 2003, concedieron cientos de permisos para edificar chalés en terrenos rústicos de menos de 10.000 metros cuadrados. La normativa urbanística, durante esos años de gobierno del PP, se aplicaba en Llíber de forma muy peculiar. Con permisos de restauración de una ruina -a menudo la ruina ni existía- o de construcción de almacén agrícola con parte habitable, se edificaban chalés que los promotores llegaban a vender por más de 300.000 euros. Las licencias no eran de obra mayor y no hacía falta que las visara un arquitecto superior. Fuentes del caso indicaron que, al parecer, algunos de esos proyectos privados los realizaba el propio aparejador municipal, que luego autorizaba las obras. Así pues, las ilegalidades urbanísticas las bendecía el propio Consistorio.

Cuatro años de "boom"

Llíber vivió su particular "boom" urbanístico entre 1999 y 2003. En esos años, los nuevos chalés afloraron como champiñones. El Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, aplicaba su peculiar excepción urbanística. En suelo rústico, donde son necesarios 10.000 metros cuadrados para construir, en Llíber se permitía edificar en una parcela de 5.000 m2. Los compradores encontraban un paraje idílico en partidas forestales como las del Gorgos, Cutes o la Font d'Aixa. Sin embargo, luego descubrieron que era imposible legalizar sus casas y que vivían en precario con agua y luz provisionales. Algunos presentaron denuncias. Y el grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil inició una investigación y empezó a recabar información en el Ayuntamiento y en notarías de la zona. Llíber es un municipio de mil habitantes donde aún siguen vigentes las Normas Subsidiarias de 1984.