La vorágine urbanística que vivió Llíber -un municipio del interior de la Marina Alta de 1.001 habitantes- entre 1999 y 2003 tenía gato encerrado. Agentes de la Guardia Civil detuvieron entre el domingo y ayer por la mañana a seis empresarios que durante esos años ejercieron presuntamente de intermediarios en la venta de terrenos no urbanizables o directamente construyeron y vendieron chalés ilegales a residentes extranjeros. A los seis detenidos se les imputa un delito de estafa y otro de asociación ilícita para delinquir. Sus promotoras y sociedades estuvieron detrás de la construcción de entre 300 y 350 viviendas en suelo protegido.
El alcalde de Llíber en aquellos años, José Mas Avellá, del PP, y el entonces arquitecto técnico municipal, Amador Signes, también están imputados por un delito contra la ordenación del territorio. Es una causa distinta, pero con el mismo origen. Ambos permitieron supuestamente que se edificaran los chalés ilegales. El Ayuntamiento no emitió ninguna orden de paralización de obras. Por el contrario, concedió licencias para restaurar casas en ruinas o levantar almacenes agrícola con parte habitable para construcciones que, en realidad, eran chalés de nueva planta.
En algunos casos, ni siquiera existía la ruina para cuya reconstrucción se pedía permiso de obra. Sin embargo, el Ayuntamiento hacía la vista gorda y permitía que en parcelas de menos de 10.000 metros (en esa superficie sí se podía construir una vivienda) se levantaran varios chalés. Sus propietarios no pueden ahora legalizar sus casas y se ha creado en Llíber un grave problema de ordenación del territorio. La instrucción de este caso, por el que también estuvo imputado el ex edil de Urbanismo, quien ha fallecido, ya está cerrada y ahora debe celebrarse el juicio en el juzgado de Benidorm.
De cinco de los seis empresarios detenidos trascendió ayer la identidad. Son Miguel M., un promotor que también en Xàbia tiene abierto un expediente de infracción urbanística y, además, estaba vinculado a uno de los PAI de Parcent; el español Pedro E.O., relacionado también con el sector inmobiliario; Trevor B., un constructor de nacionalidad inglesa, y los alemanes Michael y Trauder W., según informaron fuentes próximas al caso. Los detenidos pasarán hoy o mañana a disposición judicial.
La investigación, que todavía ayer no se había dado por cerrada, la lleva a cabo el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de Alicante y no se descartan nuevas detenciones.
Estafados
Afectados por la presunta estafa urbanística de Llíber relataron a este diario cómo actuaba uno de los empresarios detenido. Comentaron que ejercía de intermediario en la venta ante notario de los terrenos en suelo no urbanizable. Para ello, contaba con poderes de los propietarios, a menudo agricultores de Llíber. Al comprador le garantizaba que no iba a tener ningún problema para conseguir la licencia y construirse un chalé. De hecho, ya le ponía en contacto con un técnico municipal (supuestamente, el entonces aparejador Amador Signes), quien le explicaba los pasos a seguir para conseguir el permiso de obras.
El empresario explicaba a sus clientes que en Llíber se aplicaba una curiosa práctica urbanística. Debían pedir una licencia para restaurar una ruina o para construir un almacén con una parte habitable, aunque edificaran un chalé de nueva planta.
El Colegio de Arquitectos de Alicante presentó una denuncia contra esta artimaña urbanística, de ahí la imputación posterior del ex alcalde y del que fue su aparejador municipal. Los proyectos, supuestamente de obra menor pero que en realidad eran para construir un nuevo chalé, los visaba un arquitecto técnico y no uno superior.
