El primer edil de Benissa, Juan Bautista Roselló, del PP, emitió ayer un comunicado confirmando que la constructora Saop-Etosa Prom Benissa Ute ha reclamado al consistorio 981.683,68 euros por los intereses generados por el retraso del pago de las certificaciones de obra. Sin embargo, el munícipe tiró la pelota al tejado de la Conselleria de Educación, "organismo competente en materia de educación y, en este caso, encargado de sufragar todos los gastos de la construcción" del instituto Josep Iborra, explicó Roselló.
La mercantil adjudicataria de las obras del IES se acogió a la disposición que obliga al organismo deudor al pago de intereses cuando se atienden las obligaciones después de dos meses de la presentación de la factura.
"El ayuntamiento no tiene ningún tipo de responsabilidad", aseguró en su comunicado el primer edil. Asimismo, defendió que, "a medida que la conselleria ha trasferido el dinero al consistorio, éste ha hecho frente a todos los pagos".
