La construcción de instalaciones educativas no debería tener consecuencias sobre las economías locales. Sin embargo, Benissa tendrá que pagar cerca de un millón de euros a la empresa constructora del Instituto de Educación Secundaria Josep Iborra. La mercantil Saop-Etosa Prom Benissa UTE reclama al Ayuntamiento de Benissa 981.683,68 euros por los intereses generados por la demora del pago de las certificaciones de la obra. Esta cantidad constituiría un añadido al presupuesto del proyecto -financiado íntegramente por la Conselleria de Educación (11.521.252 euros). En este sentido, el PSPV de Benissa pedirá esta semana un pleno para que el primer edil, Juan Bautista Roselló, del PP, dé explicaciones sobre el pago extraordinario que deberá asumir el municipio y depure responsabilidades por las consecuencias.
El equipo de gobierno se encontró con la "sorpresa" de la mercantil en la Junta de Gobierno municipal del pasado mes de julio. Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, todas las certificaciones emitidas y registradas en el ayuntamiento entre marzo de 2003 y mayo de 2007 fueron atendidas por el consistorio transcurridos dos meses de su presentación.
El consistorio no liquidó el pago hasta 2009. Así, las certificaciones llegaron a ser pagadas hasta 24 meses después de su notificación, consiguiendo generar intereses de hasta 52.000 euros. Ante este proceder la mercantil adjudicataria se encuentra amparada por la ley, que fija el periodo legal para efectuar el pago exento de intereses en dos meses.
