S. GARCÍA
A los vecinos de Dénia no les ha sentado nada bien la subida de las tarifas del agua aprobada por el pentapartito que gobierna la ciudad. La indignación es importante y la Federación de Asociaciones de Vecinos ha adoptado la decisión de tomar medidas.
Los colectivos vecinales no comparten la necesidad de una subida de esa envergadura, del 14% en cada uno de los tramos, y transmitirán su malestar al equipo de gobierno. De hecho, los vecinos denuncian también no haber sido consultados con anterioridad a la aprobación de la nueva tarifa.
El primer paso será, según se acordó en la reunión de la federación de asociaciones vecinales, solicitar una entrevista con el concejal de Aguas, Juan Collado, para obtener una explicación de los motivos de ese incremento de la tasa de suministro hídrico. La federación cursará al edil una "queja fuerte, una protesta en toda regla" por la subida, "y vamos a decirle a Collado que esa no es manera" de hacer las cosas, según resumió ayer Fermín Ribes, uno de los portavoces de la federación y presidente de la asociación Veïns del Montgó.
Y es que además de rechazar de plano la subida de las tarifas, los vecinos reprochan al ayuntamiento que ni siquiera les haya consultado. "Antes estas cosas se trataban en el Consell de Participació Ciutadana" -donde también están representados los vecinos- antes de aprobarlas, "pero ahora ni siquiera se convoca", lamentó Ribes.
No obstante, los vecinos no han perdido totalmente la esperanza en que se pueda parar la subida de las tarifas. En este sentido, Ribes recordó que aunque el consistorio las apruebe definitivamente (de momento se han aprobado de forma provisional), la última palabra la tiene la comisión de precios de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, que es quien debe dar -o no- el visto bueno a la propuesta de nuevas tarifas para 2009. Y por ello, "a lo mejor enviamos una carta de protesta a la Generalitat", indicó el portavoz vecinal, para transmitirle el rechazo de las asociaciones a la propuesta. La subida de tasas aprobada el mes pasado en un pleno extraordinario le ha creado el primer problema al pentapartito, con protestas de vecinos y de sectores como la hostelería.
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