M.J.MASCARELL
En octubre de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) falló a favor de la empresa y obligaba al Ayuntamiento de Pego a pagarle casi 400.000 euros por obras ejecutadas en el parque natural del Marjal durante el gobierno de Pascual y que se hicieron sin consignación presupuestaria alguna. La mercantil presentó por registro de entrada al Ayuntamiento una serie de facturas por valor de 399.821 euros una semana antes de que tomara posesión Carmelo Ortolà como alcalde del PP en junio de 2003. El equipo de gobierno, entonces formado PP, PSOE y Bloc, decidió no pagar esas facturas al considerar que no existía expediente de contratación, ni memoria valorada, ni permiso de la conselleria. De hecho, existe un informe desfavorable de intervención para saldar la deuda con la empresa. Sin embargo, Iniciativa Independent (en 2003 con Pascual y Maite Ferrándiz como ediles de la oposición) presentó una alegación a los presupuestos de 2004 -que no prosperó- para que el consistorio asumiera el pago de antiguas facturas, entre las que estaban las de Ruzafa. Posteriormente, los ediles de II dejaron de acudir a los plenos y de realizar su trabajo de fiscalización de la gestión municipal durante todo el mandato hasta que, en 2007, el PP los rescató en su lista.
Cabe apuntar que los trabajos de la polémica consistieron en refuerzo de banqueta, limpieza de canales y acequias dentro del perímetro del Marjal.
La empresa recurrió a la vía judicial para cobrar y, a pesar de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Alicante dio la razón al Consistorio en primera instancia, el TSJ deshizo lo dicho y amparó a la mercantil Ruzafa. Ahora, un año después de conocerse el fallo, el Ayuntamiento de Pego no tiene más remedio que acatar la sentencia y pagarle a la empresa que hizo las obras en el parque natural casi 400.000 euros.
Carmelo Ortolà, de Ciutadans de Pego, aseguró ayer que el Consistorio "pidió un aplazamiento del pago" pero ahora, más de un año después de que se conozca la sentencia, el juez da dos meses al Ayuntamiento para ejecutarla.