La ex alcaldesa quiere demostrar en el juzgado que no ha habido corrupción

SERGI GARCÍA La ex alcaldesa de Dénia, Paqui Viciano, que junto al ex concejal de Urbanismo Juli Martínez y al ex gerente urbanístico Joan Frasés podrían ser citados a declarar por el Juzgado Número 3 de Dénia en relación a la denuncia presentada por PP, GD y PSD por la venta, en 2004, de 240 metros cuadrados de un antiguo camino catastral, convocó ayer a los medios de comunicación porque "era necesario dar la cara".
Desde el convencimiento de que en aquella operación no se produjo irregularidad alguna, los socialistas aseguran acoger incluso como una buena noticia el inicio del proceso judicial. Será la manera, dijo ayer la ex alcaldesa, de que "se aclare", precisamente "donde se deben explicar estas cosas" -en los Juzgados-, que el gobierno del PSPV-Bloc anterior a la moción de censura de julio no incurrió en iregularidades urbanísticas pese a las continuas acusaciones del actual pentapartito, "igual que se ha demostrado ya que es falso que hayamos dejado un agujero económico en el Ayuntamiento". Por lo tanto, "nos alegramos de que esto empiece a caminar para clarificar las cosas". Y es que para el PSPV local, esta denuncia, como el resto, sólo responde al intento del pentapartito de "justificar la moción de censura" que se presentó apenas un mes después de presentarse la denuncia.
Paqui Viciano expresó su total confianza en la acción de la Justicia y aseguró, de hecho, que los denunciados no van a poner traba alguna a la investigación judicial. Al contrario: "Ojalá nos llamen a declarar ya", señaló. En su intervención desveló otro hecho insólito. Cuando en el pasado mes de marzo Ana Kringe (PP), Miguel Llobell (GD) y Juan Sancho (PSD) -entonces áun en la oposición- presentaron la denuncia, "precisamente por nuestra voluntad de colaborar con la Justicia", Viciano remitió a la Fiscalía todo el expediente de la operación de venta de los 240 metros a la constructora Conca. Y en la mañana de ayer, tras conocer "por la prensa" el auto de la Fiscalía de Alicante que pide al Juzgado Número 3 que abra las diligencias, "me he personado en el expediente para tener una copia". Y en dicho expediente, señaló, no constan las alegaciones remitidas por el Ayuntamiento. Por tanto, "con el mismo afán de colaboración, volveremos a enviar ahora mismo la documentación". En esa documentación constaba que el acuerdo fue adoptado por la Junta de Gobierno con los informes previos de los técnicos municipales, que avalaban en todos los casos la legalidad de la operación.