Veïns de Parcent cree que el Consell quiere facilitar indemnizaciones para las promotoras de los PAI

CÉSAR MONZONÍS Algunas explicaciones del PP para justificar y mantener los tres PAI de Parcent resultan como mínimo anacrónicas y desfasadas con la época actual y ofrecen una imagen de la conselleria más próxima a intereses económicos de las promotoras, que al bienestar de los ciudadanos. Veïns de Parcent sospecha que desde la conselleria intentan facilitar que las promotoras pidan indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento por no realizar los planes.
El colectivo, al igual que Compromís cree que sólo bajo ese prisma o el de la irresponsabilidad se entiende la defensa de los PAI de Parcent realizada por el diputado popular César Sánchez que incluso llegó "a negar la necesidad de impacto ambiental", a pesar de que el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente se ha convertido en una exigencia a nivel mundial. El PP se ha quedado más sólo que nunca en la defensa de estos programas, que contemplan casi 1.800 casas en las montañas de este pequeño y precioso municipio de la Vall del Pop, y por cuyo término hay una zona declarada Lugar de Interés Comunitario por su valor ambiental. Y más tras la actual recesión del ladrillo, de forma que el colectivo sospecha que la intención es cobrar indemnizaciones, más que construir las viviendas tras cerrar el grifo de la financiación de los bancos a muchos proyectos. Así lo expuso la diputada de Compromís, Mireia Mollà al afirmar que la conselleria no devuelve la tramitación de los PAI al Consistorio para subsanar errores "por intereses económicos".
Y es que el caso de Parcent está dejando muchos interrogantes abiertos por la parcialidad en la decisión de la conselleria y en la actitud de los dirigentes del PP en Valencia. Sánchez en su defensa de los PAI llegó a decir en la Comisión de Medio Ambiente en varias ocasiones que "el ayuntamiento no ha movido ficha" para neutralizar unos programas urbanísticos que obtuvieron un rechazo contundente en las urnas. En este sentido, Veïns de Parcent le recordó a Sánchez que "el Ayuntamiento había requerido la documentación para subsanarla y se le había denegado, al contrario del caso del Plan Rabassa" de Alicante. Otra actuación parcial de la conselleria que dirige Garcia Antón.
Asimismo, Sánchez rechazó los argumentos de la Síndica de Greuges, del Defensor del Pueblo, del Consell Jurídic Consultiu, del TSJ y de Europa para afirmar que la tramitación se ha llevado a cabo "con toda la legalidad".