Todos los ciudadanos europeos en el Reino Unido, "con independencia de cuándo llegaron", deberán pedir tras el Brexit al Ministerio de Interior un "documento de residencia" para demostrar que cuentan con permiso de trabajo y tienen derecho a ser atendidos en centros sanitarios. Esta es uno de los artículos que se detallan en un documento que el Gobierno de Theresa May ha publicado. En 24 páginas, detalla su propuesta sobre el futuro estatus legal de los comunitarios en el Reino Unido y los británicos en el resto de la Unión Europea.

La primera ministra británica afirmó hoy en el Parlamento que ningún ciudadano de la Unión Europea que ya esté residiendo legalmente en el Reino Unido deberá irse una vez el país abandone el bloque comunitario. "Ha habido mucha ansiedad sobre lo que les va a suceder a los europeos cuando dejemos la Unión. Hoy quiero aplacar esa ansiedad", dijo la primera ministra en una sesión en la que informó a los diputados sobre la cumbre europea a la que asistió el viernes.

Tal como avanzó a los líderes continentales en Bruselas, May indicó que los europeos con cinco años de residencia en el Reino Unido serán tratados "como si fueran ciudadanos británicos" en cuanto a asistencia sanitaria, educación, prestaciones sociales y pensiones.

La oferta británica subraya que los europeos que hayan obtenido el estatus de "asentados" permanentes tras cinco años de residencia en el país podrán continuar optando a la reunificación familiar tras el Brexit. "No habrá rupturas familiares", aclaró May, quien indicó que los comunitarios con permiso de residencia "podrán traer a miembros de su familia en los mismos términos que los ciudadanos británicos".

May señaló además que tratará de acordar con Bruselas que los británicos en el resto del continente y los comunitarios en el Reino Unido se continúen beneficiando de la tarjeta sanitaria europea para recibir atención en cualquier país de la UE.

Para Londres, aclarar el estatus de los ciudadanos a ambos lados del Canal de la Mancha es una "prioridad inmediata" en las negociaciones oficiales con Bruselas que se iniciaron de forma oficial la semana pasada.

"Los ciudadanos europeos hacen una contribución muy valiosa a la economía, los servicios públicos y la vida cotidiana del Reino Unido", remarcó la dirigente conservadora.

Londres espera acordar con Bruselas una fecha límite en la que los comunitarios deberán haber llegado al Reino Unido para tener derecho a optar a la situación de "asentado" permanente tras cinco años.

May afirmó que esa fecha debe fijarse entre el pasado 29 de marzo, cuando su Gobierno activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa -el inicio oficial del Brexit-, y el día en el que culmine el proceso de salida de la UE, previsiblemente en marzo de 2019.

Aquellos que ya estén en el país antes de ese límite podrán quedarse al menos cinco años, lo que les permitirá optar al estatus de residentes permanentes.

El Gobierno reitera en el documento publicado hoy que tras la salida de la Unión Europea "la libertad de movimiento se terminará", pero subraya que "la inmigración entre el Reino Unido y la Unión Europea continuará existiendo".