El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha confirmado la anulación de la recogida de firmas durante la primera fase del referéndum revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro, en cinco estados del país, y ha anunciado que la segunda etapa, prevista para la próxima semana, ha quedado pospuesta.

A través de un comunicado, el Poder Electoral ha informado de que se le ha notificado, a través de varios tribunales, de las "medidas cautelares que ordenan posponer cualquier acto que pudiera haberse generado como consecuencia de la recolección del uno por ciento de manifestaciones de voluntad que se requirieron para validar la mediación de la organización con fines políticos".

En este sentido, ha explicado que estas medidas se han tomado después de que los tribunales de Apure, Aragua, Bolívar, Monagas y Carabobo admitieran las "querellas penales" presentadas por "los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos", al CNE.

El CNE, presidido por Tibisay Lucena, ha confirmado que, además, esta medida tiene "como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20 por ciento de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximos".

El máximo órgano electoral del país ha insistido en que el "diálogo nacional" es la "fórmula democrática por excelencia" a través del cual el país puede "preservar la paz y la estabilidad", y se ha prestado a "coadyuvar en la búsqueda de las mejores condiciones que hagan fructífero este encuentro".

Los gobernadores de los cinco estados mencionados --todos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)--, han confirmado que los tribunales han anulado la fase en la que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) recogió las firmas del 1 por ciento de los electores.

Si bien la mayor parte de las cerca de 400.000 rúbricas presentadas quedaron validadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 2 de agosto, la Justicia ahora ha decidido anular las recogidas en estos cinco estados.

Ramón Carrizales, gobernador de Apure, ha confirmado a través de su cuenta oficial de la red social Twitter que un juez ha paralizado los efectos "del 1 por ciento fraudulento".

Lo mismo ha hecho Francisco Rangel, gobernador del estado de Bolívar, quien ha señalado que el "revocatorio es totalmente procedente si se dignan a hacerlo cumpliendo cabalmente con los reglamentos, sin trampas ni firmas falsas".

"No habrá referéndum y apegados a la Constitución, no permitiremos que traten de engañar nuevamente a nuestro pueblo. Desmontamos la trampa", ha indicado. Asimismo, ha explicado que se ha establecido "un recurso legal para invalidar la megaestafa montada por la MUD" y que han conseguido así que se suspenda en Bolívar el proceso.

"Tal y como veníamos diciendo, un referéndum revocatorio plagado de fraudes debía ser anulado. Hoy se hace justicia", ha concluido.

Por su parte, el gobernador de Aragua, Tareck el Aissami, ha celebrado que se haya hecho "justicia" después de que "el tribunal penal de Aragua anulara el proceso de recolección de firmas" y ordenara "reparar el fraude cometido por la MUD".

También Francisco Amelia, del estado de Carabobo --y además vicepresidente de organización del PSUV-- ha señalado que el tribunal penal de Carabobo también ha dejado sin efecto la primera fase para activar el revocatorio "al cometer fraude electoral".

En el caso de Monagas ha sido el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien lo ha anunciado, durante una manifestación en apoyo a la aprobación del presupuesto nacional para 2017, medida aprobada por Maduro saltándose el procedimiento parlamentario.

Firmas del 20% de votantes registrados

Después de la primera fase, la MUD deberá recabar las firmas y huellas dactilares del 20 por ciento de los votantes registrados --unos cuatro millones de venezolanos-- entre el miércoles y el viernes de la semana que viene.

Transcurrido el plazo de tres días, el CNE tiene otros 15 para autentificar los apoyos o rechazarlos, como ya hizo en 2004 con el referéndum revocatorio que se planteó entonces contra el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

Si el CNE da su 'plácet', debe convocar el revocatorio en los 90 días siguientes. Para que el mandato presidencial llegue a su fin deben votar a favor un número igual o superior de electores a los que apoyaron la elección, en el caso de Maduro 7,5 millones, con una participación mínima del 25 por ciento, unos 4,8 millones.

La MUD exige acelerar el proceso porque si el referéndum se convoca después del 10 de enero de 2017, aunque Maduro sea cesado en las urnas no habrá elecciones anticipadas, sino que el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, gobernará hasta 2019.