Cuatro supuestos implicados en el asesinato el 3 de marzo pasado en Honduras de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres fueron detenidos hoy por las autoridades del país centroamericano.
Los sospechosos, identificados como Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte Meza y Sergio Rodríguez Orellana, fueron arrestados en allanamientos simultáneos ejecutados en la capital hondureña y la ciudad caribeña de La Ceiba, informó el portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora.
Las capturas están sustentadas en "evidencias probatorias" y han sido dirigidas "contra los presuntos responsables" de la "autoría" del crimen de la líder indígena de la etnia lenca, precisó el MP en un comunicado posterior.
Los cuatro hombres fueron detenidos por el delito de "asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra testigo protegido", indicó la información del Ministerio Público.
Cáceres, quien además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en la ciudad hondureña de La Esperanza, donde residía, al parecer por dos hombre armados, un crimen que ha sido repudiado a nivel nacional e internacional.
En el ataque resultó herido el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen, quien retornó a su país a inicios de abril después de que una jueza hondureña suspendiera la medida que se lo impedía.
Se espera que los 4 sospechosos sean trasladados en las próximas horas a la oficina de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Tegucigalpa para que comparezcan ante una autoridad competente.
Las detenciones se realizaron en el marco de la "Operación Jaguar", que aún se desarrolla coordinada por el Ministerio Público, por lo que no se descartan nuevos posibles arrestos.
De momento las autoridades no han dado detalles sobre el nivel de participación de los hasta ahora detenidos en el crimen de Cáceres, ocurrido pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Berta Cáceres en varias ocasiones denunció que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.
