El Gobierno británico anunció ayer que endurecerá las medidas contra la contratación de inmigrantes irregulares, dentro de una ofensiva emprendida a raíz de los miles de intentos de entrar al país por el túnel del canal de la Mancha en este verano.
El secretario de Estado de Inmigración, James Brokenshire, alertó de que Londres descargará «toda la fuerza de la maquinaria del Estado» sobre quienes den empleo a inmigrantes sin permisos. «Los empleadores tramposos que dan trabajo a inmigrantes ilegales están negando el empleo a los ciudadanos británicos y los inmigrantes legales, además de contribuir a bajar los salarios», dijo Brokenshire.
El Gobierno prevé organizar inspecciones en empresas de construcción, atención domiciliaria y servicios de limpieza con el objetivo de cazar a trabajadores irregulares, unas medidas que se suman a los planes para obligar a los propietarios de inmuebles a expulsar a los inquilinos en situación irregular.
El Ejecutivo del primer ministro conservador David Cameron prevé tramitar después del verano una ley que castigará a los caseros que no hayan comprobado si las personas que viven en su propiedad tienen derecho a residir en el Reino Unido.
La polémica sobre la inmigración extracomunitaria se ha avivado en las últimas semanas en el país ante los intentos masivos de llegar a las islas británicas por parte de inmigrantes acampados en Calais, cerca de la entrada francesa del eurotúnel.
Al tiempo, la Comisión Europea (CE) ha aprobado 23 programas plurianuales por unos 2.400 millones de euros para apoyar a los países en su gestión de la presión migratoria, entre ellos España, que recibirá 259,7 millones de euros de un fondo de asilo y otros 262,1 millones de un fondo de seguridad interior. Los recursos llegarán de manera «urgente» a los países que más se ven afectados por la llegada masiva de inmigrantes, como Grecia e Italia, y a otros Estados que también hacen frente a los flujos migratorios. Los fondos corresponden al periodo 2014-2020 y proceden del Fondo de Asilo, Inmigración e Integración (AMIF) y del Fondo de Seguridad Interior (FSI) de la UE.
