El asalto israelí contra la flotilla solidaria que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza podría terminar ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), según ha señalado este martes uno de los abogados que investigó el abordaje de los barcos del pasado mes de mayo para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La misión que investigó el asalto no recibió el encargo de hacer ninguna recomendación y no las hizo, pero la sugerencia de que el caso pueda terminar en el TPI, de cuyo estatuto Israel no es firmante, mantiene la presión sobre el Gobierno israelí en relación con este incidente, que generó una oleada de críticas a nivel internacional.

Pakistán, en nombre de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), propuso una resolución este lunes en el Consejo pidiendo a la Asamblea General de la ONU que considere remitir el informe de la comisión investigadora, formada por tres expertos. El Consejo votará la resolución este viernes y es probable que salga adelante ya que la OCI y sus aliados tienen una mayoría en este órgano de 47 miembros.

La misión, con la que Israel se negó a cooperar, averiguó que el asalto, obra de las fuerzas especiales y en el que murieron nueve activistas turcos pro-palestinos, fue ilegal y violó los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Israel calificó el trabajo de los investigadores de la ONU de innecesario e irrelevante y ha dicho que el Consejo de Derechos Humanos es manifiestamente anti-judío.

El 'Mavi Marmara', el barco en el que murieron los nueve activistas, llevaba bandera de Comoras, país parte del Estatuto de Roma que creó el TPI, según Sir Desmond de Silva, un importante abogado británico que participó en la investigación. Como resultado de ello, el caso podría terminar teóricamente ante el TPI. "Está en manos de otros el llevar adelante o no el caso", señaló De Silva en rueda de prensa.

Como otros miembros de la misión, De Silva rechazó las declaraciones estadounidenses e israelíes de que su trabajo era parcial. "Creo que hemos hecho un trabajo honesto en un tiempo razonable", afirmó, subrayando que "llegamos donde las pruebas nos llevaron".

El presidente de la misión, el juez de Trinidad Karl Hudson-Phillips, dijo que en virtud del principio de "complementariedad", un país tiene el derecho de realizar su propia investigación sobre las acusaciones serias antes de acudir al TPI, siempre y cuando sea una verdadera investigación y no una farsa.

"Si el principio de complementariedad se puede decir que se aplica o no a los pasos que el Gobierno de Israel ha dado es dudoso, bajo mi punto de vista", afirmó. Asimismo, Hudson-Phillips dijo que las autoridades israelíes se confiscaron de pruebas fotográficas tomadas por los periodistas y otros pasajeros a bordo del barco en lo que pareció ser un intento para controlar la información. Además, afirmó, las autoridades han impedido que el personal militar que participó en el asalto diera pruebas a la propia investigación israelí.