El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a Turquía, Israel y al Tribunal Penal Internacional (TPI) si han abierto alguna investigación sobre el ataque contra la denominada 'Flotilla de la Libertad', ocurrido el pasado 31 de mayo en aguas internacionales, antes de decidir si admite a trámite o no la querella presentada por tres activistas españoles contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis cargos de su Gobierno y un alto mando militar por un delito de lesa humanidad con resultado de detención ilegal, deportación y tortura.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha abierto diligencias previas sobre este asunto con el envío de sendas comisiones rogatorias a Turquía e Israel y la petición de información al TPI, para averiguar si existe ya alguna investigación sobre el asalto al convoy humanitario, en el que fallecieron nueve personas de nacionalidad turca. Además, se ha dirigido a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional sobre estos hechos.

Los tres activistas españoles que viajaban en el convoy, Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra, como acusación particular, y las asociaciones Cultura, Paz y Solidaridad y Comité de solidaridad con la causa árabe, como acusaciones populares, consideraron que los hechos denunciados, además de un delito de lesa humanidad, pueden ser también constitutivos de un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, concretado en maltrato, puesta en peligro de la vida, torturas y otros tratos inhumanos y utilización de medios de combate prohibidos o desproporcionados.

En su querella, solicitan que el juez tome declaración a los querellados. En concreto, son, además del jefe del Ejecutivo israelí, sus ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.

Tras las últimas modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre la jurisdicción universal, los tribunales españoles sólo tienen competencia sobre hechos ocurridos fuera de nuestras fronteras cuando haya víctimas españolas y no haya una investigación en marcha en el país donde tuviera lugar el supuesto delito o por parte de un tribunal internacional.