El Gobierno provisional de Kirguizistán afirmó hoy que el conflicto étnico en el sur del país, en el que han muerto más de 170 personas, "está amainando", pero insistió en pedir a Rusia el envío de fuerzas de paz.

"El conflicto en Osh y Jalal-Abad está amainando y el Gobierno provisional confía en que se mantendrá esta tendencia", dijo la presidenta interina, Rosa Otunbáyeva, en la capital, Biskek, sobre los enfrentamientos entre kirguises y uzbekos en el sur del país.

Por primera vez desde el pasado día 11, cuando estalló la violencia, hoy en Osh y Jalal-Abad no se registraron nuevos pogromos e incendios e incluso abrieron algunos comercios, aunque continúa la tensión y las calles siguen cortadas con barricadas y patrulladas por militares y policías, según la agencia Akipress.

Al mismo tiempo, Otunbáyeva dijo que las autoridades negocian con el presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, "la introducción de tropas para separar a los bandos enfrentados porque el decreto que autoriza el uso de las armas contra los provocadores no se cumple plenamente", de acuerdo con la agencia rusa Interfax.

Para Otunbáyeva, los sangrientos incidentes han demostrado que "el Ejército kirguís no tiene suficientes fuerzas" para controlar totalmente la situación, mientras los efectivos de Interior "están desmoralizados".

Agregó que algunos funcionarios, partidarios del depuesto presidente Kurmanbek Bakíev, "sabotean" las decisiones del Gobierno provisional, por lo que las nuevas autoridades han tenido que llamar a filas a los reservistas.

La presidenta subrayó que la tarea de las tropas de paz, además de servir de fuerza de interposición, sería vigilar instalaciones estratégicas, como plantas hidroeléctricas y puentes.

Las autoridades kirguises consideran que los choques étnicos fueron provocados por el clan Bakíev, que tiene muchos partidarios en el sur, mientras que la numerosa minoría uzbeka local respalda al Gobierno provisional, y temen que la violencia se extienda al norte del país y a la capital.

El pasado sábado, la líder kirguís anunció que había solicitado a Rusia el envío urgente de fuerzas de paz para controlar la situación en el sur de Kirguizistán.

El Kremlin respondió que consideraba el conflicto en Kirguizistán un "asunto interno" de ese país centroasiático de 5,3 millones de habitantes, aunque se mostró abierto a que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) estudie la solicitud.

Además de Rusia, integran la OTSC otras seis antiguas repúblicas soviéticas: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán.

Otunbáyeva admitió que el número real de muertos puede ser mucho más elevado que el de los partes oficiales, que hoy cifraron las víctimas de los choques étnicos en 178 fallecidos y 1.866 heridos, de ellos 836 hospitalizados.

La víspera, representantes de la minoría uzbeka cifraron en 700 los muertos en los enfrentamientos sólo en Jalal-Abad.

"Puedo creer que haya habido 700 muertes", dijo Otunbáyeva al explicar que, según la tradición musulmán, la gente entierra inmediatamente a sus difuntos, sin llevarlos al hospital para establecer las causas del fallecimiento.

Mientras, Uzbekistán informó de que 83.000 ciudadanos kirguises de etnia uzbeka se han refugiado en su territorio, tras huir de los enfrentamientos étnicos en el sur de Kirguizistán.

"En estos momentos, la entrada al país de refugiados está restringida, pues ya ha llegado un gran número", indicó Abdulá Arípov, viceprimer ministro uzbeko, quien agregó que sólo se permite el ingreso a Uzbekistán de heridos, mujeres y niños.

A lo largo de la jornada, Rusia, EEUU, China, Kazajistán y la Comisión Europea han anunciado la entrega de asistencia financiera y el envío urgente de ayuda humanitaria y médica a Kirguizistán, considerado el país más pobre de Asia Central.

Entre tanto, la Fiscalía General kirguís solicitó al Reino Unido la extradición del hijo menor del presidente derrocado, Maxim Bakíev, detenido en el aeropuerto de Londres y acusado en casa de corrupción y delitos económicos.

El Gobierno provisional anunció que Maxim Bakíev puede ser acusado también de "terrorismo", por ser considerado, junto a Zhanish Bakíev, hermano del depuesto presidente y jefe de sus servicios secretos, el organizador de los enfrentamientos étnicos en el sur.

"Según nuestros servicios secretos, la financiación de todas estas acciones proviene del clan Bakíev, ante todo de Maxim Bakíev", quien era el hombre más rico del país y controlaba toda su economía, denunció el viceprimer ministro Almazbek Atanbáyev.

Otunbáyeva sostiene que la violencia fue provocada por partidarios del viejo régimen que "buscan frustrar el referéndum constitucional convocado para el próximo 27 de junio" y aboga por no aplazar bajo ningún pretexto el plebiscito.

Las nuevas autoridades celebran esta consulta para recortar las facultades del jefe del Estado y convertir el país en una república parlamentaria y también han convocado para el 10 de octubre elecciones legislativas, como exigió la comunidad internacional.