El comandante del Ejército colombiano, general Mario Montoya, uno de los artífices del rescate de Ingrid Betancourt, renunció ayer a raíz de la supuesta implicación de militares en el asesinato de 23 jóvenes dados como «muertos en combate».
Montoya tomó la decisión cinco días después de que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunciara la separación de sus cargos de 27 oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos tres generales, al conocerse las conclusiones de una investigación por la desaparición y muerte de los jóvenes. El escándalo se remonta a septiembre, cuando se conoció el asesinato de los jóvenes, desaparecidos en enero y que días después fueron registrados como «bajas en combate», cuando murieron supuestamente a manos de militares.
Los adolescentes fueron supuestamente reclutados por el Ejército y enviados desde Soacha, localidad colindante con Bogotá, a una región rural del departamento de Norte de Santander, a unos 800 kilómetros al nordeste de la capital, donde se les consideró como guerrilleros caídos en combate. El caso fue asumido por un comité constituido el día 3 de octubre por el general Freddy Padilla y las medidas administrativas anunciadas el día 29 por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, quien Uribe dijo la semana pasada que la comisión investigadora «ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos».
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