El recurso de casación presentado el pasado martes por el Hércules ante el Tribunal de Justicia de la UE para suspender el pago inmediato de los siete millones de euros por ayudas ilegales de la Generalitat contempla dos «errores de derecho» en la resolución del Tribunal General de Luxemburgo, que denegó en marzo esta medida cautelar. En primer lugar, el club rechaza la tesis del auto judicial según la cual los máximos responsables del Hércules pueden poner de su bolsillo los siete millones y también alega contra el argumento de que se ha producido un cambio de accionistas y, por ende, el control del Hércules ha pasado a otras manos. Como quiera que la resolución del recurso de casación tardará un mínimo de dos meses, el Hércules también presentará un recurso de reposición ante el Instituto Valenciano de Finanzas para retrasar la exigencia del pago al IVF, cuyo plazo se cumple el 5 de julio.
El presidente del TGUE, Marc Jäeger, denegó en marzo la suspensión cautelar al Hércules por entender que el club no dio una imagen «fiel y fiable» de la situación económica de la entidad. Por el contrario, sí que concedió el pasado día 15 esta medida de gracia al Elche por considerar que el pago inmediato de los cuatro millones que se exigen a la entidad franjiverde comprometería gravemente su supervivencia.
Jäeger también reprochó al club blanquiazul que no especificara qué personas estaban aportando dinero de su bolsillo para cubrir el déficit del club en una categoría ruinosa por definición como es la Segunda B, en la que apenas se generan ingresos.
En este punto, el recurso del Hércules presentado por el abogado Stefan Rating cuestiona que las aportaciones de dinero de un particular ajeno al consejo de administración del club tengan una relación directa con la crítica situación económica del Hércules. «La jurisprudencia mantiene en estos casos que es necesario remitirse a quién controla la sociedad anónima deportiva, al accionista mayoritario y sus posibles aliados en un grupo de empresas», explicó ayer Rating. «Pero en el caso del Hércules solo hay un accionista mayoritario, una única entidad que lo controla, que es la Fundación, y nadie discute que no tiene un duro», añadió el letrado en referencia al periodo en el que se concedieron las ayudas por la Generalitat y el aval del IVF, allá por 2010.
En consecuencia, el recurso de casación presentado el martes plantea que no es relevante quién aportaba fondos de su pecunio particular -fundamentalmente el empresario Enrique Ortiz- «porque es gente que no controla el Hércules», matizó Rating, «en contra de lo que presume el auto del juez» del tribunal de Luxemburgo.
En la misma línea, el recurso cuestiona la «presunción» del presidente del Tribunal General, según la cual «la gente que está poniendo dinero para enjugar un déficit de algo más de un millón de euros también puede llegar a poner siete millones. Esto carece de base y es un error en derecho», puntualiza el letrado del club.
Y en una segunda línea argumental, el recurso del Hércules se centra en la afirmación del juez Jäeger en su auto de marzo de que, al parecer, se habría producido un cambio de accionistas en la entidad blanquiazul, «cuando el único cambio que se produjo fue la liquidación de Aligestión, que tenía el 15% de las acciones y con ese paquete no controlaba la entidad», recalcó. «Y esa tesis, en todo el procedimiento, no la ha mantenido nadie: ni el tribunal, ni la Comisión Europea», explicó Rating. «Y que esta aseveración conste en un auto sin darnos ninguna posibilidad de explicarnos me parece otro error de derecho», agregó.
El letrado del bufete barcelonés Rating Legis, especializado en Derecho de la Competencia, reconoce la complejidad jurídica del procedimiento en que se haya inmerso el Hércules por no existir precedentes de un contencioso de esta naturaleza en el mundo del fútbol.
En todo caso, el tiempo apremia al Hércules y el IVF ya le ha trasladado el requerimiento del pago de los siete millones con la fecha límite del 5 de julio. No obstante, la defensa del club presentará un recurso de reposición ante el banco del Consell, tal y como ha hecho el Valencia CF, con el argumento de que ha planteado el recurso para obtener la suspensión cautelar.
