Tierra a la vista para la endémica crisis institucional que arrastra el Hércules. El acuerdo alcanzado por el presidente Juan Carlos Ramírez y el director deportivo Javier Portillo con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para la compra del club despeja el horizonte inmediato en la negociación de otros dos asuntos clave para la supervivencia de la entidad: el pago de la deuda de cuatro millones con Hacienda y el reconvenio con los acreedores ordinarios por seis millones.
Así lo confirmaron ayer fuentes del club y de las dos administraciones públicas implicadas -la autonómica y la estatal-, una vez que el Hércules ha decidido poner fin a su litigio con el IVF por la transmisión de la propiedad del club y pagar 508.150 euros -por el 15% de las acciones y el crédito de 15,4 millones del banco del Consell contra la Fundación- y otros 100.000 euros por gastos notariales que mantenían bloqueada la operación desde hace dos largos meses.
El desbloqueo de la compraventa del Hércules ha sido posible gracias al empeño del empresario Enrique Ortiz, socio de Ramírez en el club, que venció la resistencia del presidente a pagar los gastos notariales con la entrada en escena de la sociedad Zassh, en la que figuran el propio Ramírez y el yerno de Ortiz y, a la sazón, director deportivo del club Javier Portillo.
El próximo lunes está previsto que el director del IVF, Manuel Illueca, traslade al consejo general del banco del Consell la oferta de Zassh de 608.000 euros por el lote de las acciones y el crédito -por el que están embargados otro 72% de los títulos del club-. Se da por hecho el visto bueno del máximo órgano del IVF a la venta del Hércules, que quedó en suspenso a finales de septiembre cuando Ramírez, adjudicatario de la subasta de esos bienes, se negó a pagar los honorarios del procurador y abogado del proceso e Illueca declaró quebrada la operación.
Cansado del estéril enfrentamiento posterior entre el presidente blanquiazul y el director del banco del Consell, que tenía visos de eternizarse en los tribunales, Ortiz decidió agilizar la solución y asumir el pago de los gastos notariales a medias con Ramírez. La judicialización del contencioso que tenía previsto poner en marcha el presidente con una denuncia contra Illueca habría retrasado al menos un año más la salida a la grave crisis institucional de la entidad.
Resuelto el asunto de la mayoría accionarial y la propiedad, el Hércules trabaja ya en la negociación del convenio de acreedores, por el que debe afrontar pagos de entre seis y siete millones de euros de la deuda ordinaria más otros seis millones de la subordinada. Esta última cantidad, que en su mayoría pertenece al propio Ortiz, no se abordará hasta que esté liquidada la deuda ordinaria.
El club es optimista sobre la negociación y confía en una mayoritaria adhesión de los acreedores a la nueva propuesta del convenio que se trasladará en los próximos días al Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante.
Del mismo modo, el hecho de que los dirigentes del club vayan a desembolsar el próximo lunes los 608.000 euros por las acciones y el crédito representa un aval en la negociación del pago de la deuda de cuatro millones de euros pendiente con Hacienda, según confirmaron fuentes de la Agencia Tributaria. «El club apuesta por la estabilidad institucional con la compra de las acciones y eso es una garantía para el fisco de que existe una clara voluntad de que la empresa siga en funcionamiento», explicaron las citadas fuentes.
Más a largo plazo, la compra del club también aporta una mayor seguridad jurídica e institucional para afrontar y negociar la mayor amenaza que se cierne sobre el futuro del Hércules: la reclamación de la Unión Europea de la devolución de unos siete millones por la concesión de ayudas estatales ilegales por parte de la Generalitat.
