Como era previsible, la escalada de tensión y acusaciones entre el presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez, y el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, acabará por dirimirse en los tribunales. El máximo responsable del banco del Consell trasladará mañana a la Abogacía de la Generalitat las declaraciones del dirigente blanquiazul en las que le acusa de un presunto delito por exigirle el pago «indebido y sin justificar» de 100.000 euros por gastos notariales en el último instante del proceso de compraventa del club.

«El IVF no va a aceptar amenazas de Ramírez, ni de nadie», explicó ayer Illueca, un día después de que el presidente del Hércules le acusara de reclamarle la citada cantidad en la notaría como condición para el otorgamiento de la escritura de compraventa de la mayoría accionarial de la entidad blanquiazul. El máximo dirigente del club anunció también la presentación de una demanda judicial contra Illueca, además de un contencioso-administrativo en el caso más que probable de que el IVF rechace el recurso de reposición contra la quiebra de la subasta de las acciones y en el que Ramírez solicita que se le otorguen los títulos que se adjudicó por 508.150 euros.

«Ramírez y cualquier persona son muy libres de acudir a los tribunales, pero no voy a aceptar que se imputen delitos sin la más mínima prueba ni justificación a un alto cargo de la Generalitat», añadió Illueca, que negó en redondo haber exigido ninguna cantidad a Ramírez durante la procelosa operación de compraventa mediante subasta pública del 15,07% de las acciones del Hércules y del crédito contra la Fundación del club que se adjudicó el presidente el pasado 20 de septiembre al presentarse como único interesado. La negativa de Ramírez a pagar los 100.000 euros de gastos en el último momento dio al traste con la transmisión de la propiedad de las acciones, que siguen en poder del IVF tras declarar quebrada la subasta por causa imputable al empresario con su portazo en la notaría.

Lejos de buscar un punto de acuerdo para desbloquear el traspaso de la propiedad del club, el recurso de las dos partes a los tribunales enquista aún más el problema y complica la solución de otros asuntos relevantes en la agenda institucional del Hércules como el acuerdo para solventar el pago de más de cuatro millones de deuda con Hacienda, la renegociación del convenio con los acreedores ordinarios y hasta el convenio de cesión de uso del Rico Pérez. Al igual que las acciones, el estadio está en manos del IVF, que debe reunirse con el Ayuntamiento de Alicante para fijar un protocolo que regule la utilización del recinto deportivo a cambio de un canon anual.