Un mes después de la venta en pública subasta de la mayoría accionarial del Hércules, el contencioso que enfrenta al presidente del club, Juan Carlos Ramírez, y al director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, lleva camino de enquistarse en los juzgados. El máximo dirigente blanquiazul ha presentado un recurso de reposición contra la quiebra de la subasta de los títulos decretada por el IVF el pasado 28 de septiembre en el que acusa de un posible delito a Illueca por exigirle el pago de 100.000 euros de gastos notariales «indebidos e injustificados como condición para el otorgamiento de la escritura de compraventa».

En el mismo recurso, remitido el pasado lunes al banco del Consell, Ramírez solicita que se suspenda la quiebra de la subasta porque «puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación» y solicita que se convoque un nuevo acto de otorgamiento de la mayoría accionarial del club. Como quiera que el mandatario da por hecho que el IVF responderá negativamente a su requerimiento, Ramírez ultima con sus asesores la presentación simultánea de un contencioso-administrativo ante los tribunales y una demanda judicial contra Illueca.

«El director del IVF no es nadie para reclamar dinero de un tercero en el despacho de una notaría sin justificar ni detallar de dónde salen esos cien mil euros que exige», explicó el dirigente.

El enfrentamiento entre Ramírez e Illueca estalló el 27 de septiembre en una notaría de Valencia cuando el presidente del Hércules se negó a pagar los 100.000 euros en concepto de honorarios de letrados y procurador, además de los 508.150 euros que iba a desembolsar ese día como adjudicatario de la subasta pública del 88% de las acciones del club que siguen, de momento, en manos del IVF (un 15,07% de los títulos por una parte y un crédito contra la Fundación del Hércules por el que se embargan otro 72,71% de las acciones).

Ante la negativa de Ramírez a hacerse cargo de estos gastos «no justificados», el IVF declaró un día después quebrada esta segunda subasta «al haber dejado de tener efecto la venta del Hércules por causa imputable a Kuntajara [la sociedad de Ramírez] al haberse negado a otorgar la escritura de compraventa en los términos establecidos en las bases reguladoras».

Consciente de que el desbloqueo de la transmisión de la mayoría accionarial es clave para la supervivencia del club en su actual estructura, Ramírez reactiva la reclamación de los títulos con un duro recurso de reposición en el que vuelve a cargar contra Illueca y acusa de «incumplimiento» al banco del Consell.

El mandatario reclama la suspensión de la quiebra de la subasta por los daños de «imposible o difícil reparación» ante la posibilidad de que el IVF pueda vender el crédito y las acciones a un tercero. En este punto, recalca que esa suspensión no causaría ningún perjuicio al interés público o a terceros y recuerda que, en caso de que fuera necesario aportar alguna garantía, el banco del Consell dispone de los 25.407 euros que aportó como fianza para participar en la subasta.

Ramírez recalca en su recurso que queda acreditada ante notario su voluntad de pagar los 508.150 euros del lote subastado, «tal y como reconoce expresamente el IVF» en su primera resolución del 20 de septiembre cuando afirmó que «la oferta presentada cumple los requisitos y contiene los datos exigidos en las bases».

Asimismo, acusa de «incumplimiento» al IVF y reitera que los 100.000 euros exigidos por Illueca «en ningún caso fueron cuantificados, ni justificados o detallados documentalmente». En este punto añade que la exigencia del abono de supuestos «pagos no debidos al IVF, como condición para el otorgamiento de la escritura, podría además ser constitutiva de reproche penal».