El presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez, cargó ayer contra el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, al que acusó de mentir en su versión de la renuncia del dirigente blanquiazul al pago de 10o.000 euros por los gastos notariales de la subasta de las acciones del club. Seis horas después de conocerse su negativa al desembolso de esa cifra en una notaría de Valencia, Ramírez acusó a Illueca de intentar endosarle «gastos por anteriores procedimientos» distintos del acto de adjudicación de los títulos de la entidad, al tiempo que le pidió una rectificación «porque está en juego la viabilidad» del Hércules.

También recalcó que compraba el lote subastado «libre de cargas y gravámenes» y se declaró dispuesto a retomar la adquisición de la mayoría accionarial si los costes notariales se ajustan a una cifra que sus asesores jurídicos cifran en torno a 3.500 euros, muy lejos de los citados 100.000.

Visiblemente contrariado por la versión de lo ocurrido durante el acto de otorgamiento de la compra de las acciones que ofreció Illueca, Ramírez acusó al director del IVF de «decir verdades a medias, que son las peores mentiras» y de «ser poco transparente» con los costes finales del proceso de subasta del 88% de las acciones del club. «Illueca no dice la verdad porque yo no me he negado a pagar los gastos de esta subasta, sino que no estoy dispuesto a asumir costes de anteriores procedimientos», enfatizó.

Ramírez expresó su «sorpresa» por haber conocido el montante de los 100.000 euros de gastos notariales «cinco minutos antes» del acto de la firma de la escritura de compraventa, a pesar de que sus asesores pidieron el martes ese importe, pero no obtuvieron respuesta del IVF. «Me podía haber dicho la cantidad que él hubiera querido», añadió el presidente, que emplazó a Illueca a rectificar «porque está en juego la viabilidad» del Hércules.

El máximo dirigente blanquiazul se mostró muy molesto con el director del IVF por considerar que le había faltado al respeto, aunque dejó una puerta abierta a retomar la compra de las acciones «si se fija un coste acorde a una subasta por 508.000 euros».