La crisis institucional sin fin que arrastra el Hércules vivió ayer un nuevo y rocambolesco episodio. El presidente Juan Carlos Ramírez ahondó la incertidumbre institucional que atenaza la entidad al negarse a pagar 100.000 euros de gastos notariales y renunciar a la subasta de las acciones del club en pleno acto de firma de la escritura de compraventa de la mayoría accionarial.
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), vendedor de ese 88% de los títulos del Hércules, consideró «inverosímil» la postura de Ramírez, declaró desierta la subasta y rechazó la condonación del pago de los honorarios notariales, que vienen estipulados en las bases de la subasta y corren por cuenta del adjudicatario de la misma.
Seis horas más tarde, el presidente del Hércules cargó contra el director general del IVF, Manuel Illueca, al que acusó de mentir y de intentar repercutirle en esos 100.000 euros gastos de procedimientos anteriores a la adjudicación del lote subastado. Ramírez le pidió que rectifique «porque está en juego la viabilidad» del club y se declaró dispuesto a retomar la compraventa de los títulos si se ajustan los costes notariales a una cantidad que cifró en torno a los 3.500 euros.
La «marcha atrás» del dirigente blanquiazul devuelve al Hércules a la misma situación de inestabilidad y bloqueo de los últimos meses, una etapa marcada por la negativa de sus actuales dirigentes a asumir el pago de la deuda de más de cuatro millones de euros con Hacienda hasta que consiguieran la mayoría accionarial del club.
La supervivencia de la entidad también está a expensas de renegociar el convenio con los acreedores ordinarios por un montante de unos 15 millones de euros y de la reclamación de 6,9 millones por parte de la UE por ayudas ilegales de la Generalitat.
Tal y como estaba previsto, el máximo mandatario blanquiazul acudió ayer a la notaría de Valencia en la que fue citado para firmar la escritura de compraventa del 88% de las acciones del Hércules que Ramírez se adjudicó el pasado día 20 en la subasta por parte del IVF del 88% de los títulos del club (en concreto, un 15% de las acciones más el derecho de crédito contra la Fundación Hércules por el que se embargaron otro 72% de los títulos). En todo este proceso de compra de la entidad, el presidente va de la mano de su socio, el empresario Enrique Ortiz.
Ramírez acudió al notario con el cheque por valor de 508.150 euros, cantidad por la que se adjudicó el lote -cuatro euros más del precio de salida fijado por el IVF-. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se le comunicó a Ramírez que también debía abonar otros 100.000 euros adicionales en concepto de gastos y honorarios notariales.
Como quiera que el dirigente había depositado en su día 25.000 euros de fianza para poder pujar, la cantidad extra final a desembolsar se quedaba en 75.000. Pero no. Ramírez no quiso pagar ni un euro más y abandonó la notaría para estupefacción general de los presentes, según fuentes del IVF.
Las bases de esta segunda subasta, publicadas el pasado 29 de agosto y que se resumen en poco más de tres folios, son claras. En el punto 14 se refleja que «serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos que pudieran estar pendientes, así como todos los gastos y honorarios notariales correspondientes al otorgamiento de la escritura pública de venta».
El IVF recalca que la pretensión de Ramírez de quedar exonerado del pago de los gastos de procuradores y notaría es inasumible «porque supondría una flagrante irregularidad, e incluso un acto de prevaricación que acarrearía la nulidad de la subasta por tratarse de un trato de favor que vulnera las bases».
Las citadas fuentes explicaron que el presidente reconoció en la propia notaría que no se había leído las bases de esta segunda subasta. En medios conocedores de este proceso se llegó ayer a especular incluso con la posible dimisión de Ramírez.
