El Hércules ha cerrado en falso la temporada 2016-17, pero su prioridad ahora no es el nuevo proyecto deportivo, sino la grave crisis institucional, económica y financiera que tiene abierta en varios frentes: desde el nuevo acuerdo con Hacienda al reconvenio con los acreedores, pasando por la devolución de siete millones que exige la UE y la subasta de las acciones del club por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

En esta primera semana tras el prematuro final de temporada, el caso más acuciante es el de Hacienda, que se muestra intransigente con el club blanquiazul y con la última oferta presentada por su flamante presidente, Juan Carlos Ramírez, para saldar la deuda con el fisco, que ronda los cuatro millones de euros.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha vuelto a rechazar la nueva propuesta del Hércules, a pesar de que el pasado 5 de abril pagó 560.000 euros correspondientes a los atrasos del convenio singular firmado en 2013. Un acuerdo que el club insiste en renegociar por continuar el equipo en «el pozo» de la Segunda B, categoría deficitaria por naturaleza para una entidad como la blanquiazul.

La última oferta planteada por Ramírez a Hacienda consiste en el pago inmediato de 504.000 euros (a razón de 42.000 durante 12 meses) durante la próxima campaña 2017-18. En el caso de que el equipo siguiera en Segunda B, el club se compromete a garantizar mediante aval bancario el pago de la misma cantidad de 504.000 euros (42.000 x 12 mesres) durante la temporada siguiente 2018-19.

La principal novedad de esta nueva propuesta llega en el tercer punto y consiste en que los tres millones que quedarían pendientes de abonar al fisco estarían garantizados en las dos campañas subsiguientes mediante avales sobre fincas urbanas propiedad del propio Ramírez o de los miembros del consejo de administración.

El nuevo presidente ha reiterado hasta la saciedad que el club es «inviable» en Segunda B y que no está en condiciones de afrontar los términos del convenio firmado con Hacienda en 2013, en el que no se contempló la opción de que el equipo militase en esta categoría.

El Hércules se compromete a pagar el montante total de la deuda en el caso de que logre el ascenso a Segunda A, pero considera «excesivo» el pago de la cuota de 80.000 euros mensuales fijada en el convenio inicial, el doble de la cifra que ahora ha planteado el club a la Delegación Regional de la AEAT en Valencia. El Hércules confiaba en que el traslado de su expediente desde la Dirección de Recaudación de Madrid a la sede en Valencia pudiera facilitar los trámites, pero las directrices de severidad y máxima exigencia con el club alicantino las sigue marcando desde la capital de España la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

En paralelo a la compleja negociación con Hacienda, Ramírez confía en que el IVF subaste en breve la mayoría accionarial de la entidad que tiene en su poder el banco del Consell (en torno al 87% por ciento de los títulos) para que el presidente pueda hacerse con la titularidad del club.