La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó ayer la cancelación de la condición resolutoria que se incluyó dentro del contrato de compraventa del estadio Rico Pérez cuando el estadio pasó a pertenecer a la sociedad Aligestión Integral.
Entre el pliego de condiciones de este contrato de compraventa se incluía la obligación de acometer reformas en el estadio por valor de 4,3 millones de euros. De esta manera, el inmueble pasará a manos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que en la subasta pública se impuso al desembolsar 3,75 millones. En esta puja, los empresarios que manejan los hilos del Hércules, Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, llegaron hasta los 3,5 millones.
Natxo Bellido, portavoz del Ayuntamiento de Alicante, reconoció que el equipo de Gobierno «mantiene dudas» respecto a que se realizara dicha inversión, pese a lo cual se ha aprobado la cancelación de la condición resolutoria del contrato, un trámite que el Instituto Valenciano de Finanzas estaba esperando desde hacer varios meses.
Un informe del Jefe de Servicio de Alcaldía expresa que desde el punto de vista patrimonial procede la cancelación de la condución resolutoria por no existir un informe técnico concluyente que demostrara que no se han ejecutado las obras, que en su día fueron validadas durante el mandato del Partido Popular.
Dicho informe apunta también que, habiendo transcurrido cuatro años desde la devolución del aval presentado por Aligestión Integral, se ha superado el plazo para revocar los acuerdos anulables previa declaración de lesividad de los mismos. «Si no canceláramos, tendríamos que devolver el dinero y quedarnos con la titularidad del estadio», aclar Bellido, que incidió en que el Ayuntamiento no quiere la propiedad de la instalación, aún menos por un precio superar al que podrían desembolsar ahora para adquirirlo. No obstante, Bellido apuntó que «se va a abrir desde Urbanismo un expediente de información reservada para tratar de averiguar qué ha pasado con la reforma del Rico Pérez».
En este sentido, afirmó que si se comprueba que se han perjudicado los intereses públicos, pondrán el caso en manos de la Justicia. Tras la cancelación de esta condición resolutoria, el estadio mundialista pasará a manos del Instituto Valenciano de Finanzas, quien se lo cederá al Ayuntamiento, que a su vez se lo alquilará al Hércules.
