Como era de esperar, la venta judicial del Rico Pérez se resolverá de vuelta en el Juzgado de lo Mercantil de Alicante. Una vez superado el plazo para que Aligestión presente un tercero que ofrezca puja por el 70% del lote (no lo hará), el Juzgado previsiblemente hará un último ofrecimiento a fin de que alguien pueda mejorar la oferta ofrecida por el IVF, al ser ésta inferior al 50% de la tasación. Y si nadie concurre, el adjudicatario será - salvo sorpresa - dicho ente público crediticio, según ha reconocido su propio Director al diario INFORMACIÓN.

Hallándonos por tanto en la fase final del proceso de venta, y con este desenlace previsto, querría aportar mi opinión al respecto de la futura titularidad del estadio. Parece obvio que la solución ideal para un club o SAD es ser titular de un estadio acorde a su nivel deportivo y afición. No ya sólo por la solvencia patrimonial que supone, sino por la autonomía que le permite en su utilización y explotación (incluso para otros eventos), o la fidelización de su afición a través de dicho campo de juego. Sin embargo, en el deporte profesional actual, y en el fútbol español en concreto, pocas son las entidades deportivas que pueden mantener una economía saneada. Ya sea por una gestión poco acertada o profesional, o por los vaivenes propios de la aleatoriedad de la competición (si el balón entra o no, el acierto en los fichajes, etc). El resultado, y por desgracia en Alicante tenemos bastante experiencia, es que el club o la SAD de turno convive permanentemente en el filo del alambre, entre impagos, venta de jóvenes jugadores, concursos de acreedores o reestructuraciones societarias. Por no hablar de soluciones milagrosas o atajos que no suelen acabar bien - léase los litigios con la Comisión Europea o el IVF -. Y esta situación acaba afectando a su estadio, que sufre ventas, recompras, entregas en garantía u ofrecimientos de cambio por otro construcción de uno nuevo. Además, y como está ocurriendo en el vecino Martínez Valero, mantener su propiedad difícilmente sirve como garantía (bancaria o no) ya que, dada su particular utilidad de recinto deportivo y su identificación con un concreto club, su ejecución en caso de impago es poco operativa.

Por otro lado, la titularidad pública del estadio más emblemático de la ciudad permite a mi juicio varias ventajas: En primer lugar, la continuidad en su utilización - sin sobresaltos -, a través de un convenio de cesión o utilización que combine descargar a la administración pública del coste de su mantenimiento, con la oportuna colaboración del club en la promoción del deporte de base y de la propia ciudad fuera de Alicante. Segundo, y más importante a mi juicio, asegurar que una eventual disolución de la SAD no arrastre de nuevo a la titularidad del estadio, o pueda quedar en manos de terceros sin un proyecto claro de futuro deportivo, económico e institucional para el Hércules CF. Y tercero porque permite, como ya pasó en su día, que otros posibles clubes de la ciudad puedan tener opción a disputar sus partidos en dicho estadio, si por méritos deportivos consiguen alcanzar una categoría profesional y afición acorde al mismo. Llegado este caso, estoy totalmente de acuerdo en que fuera el Ayuntamiento de Alicante quien, siendo o no titular del campo de fútbol, gestionase dicha instalación deportiva.