La propia Generalitat Valenciana se pronunció en contra de la concesión del aval por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para el préstamo de 18 millones concedido en 2010 por la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a la Fundación del Hércules. No obstante, el IVF desatendió la recomendación, el aval se autorizó para que el club blanquiazul pudiera cuadrar sus cuentas y la devolución del préstamo se ha convertido ahora en objeto de un litigio interminable entre el propio banco de la Generalitat, el Hércules y la sociedad Aligestión, actualmente en liquidación, y propietaria del 15% de las acciones del club y del estadio José Rico Pérez.
En una resolución fechada en 2012, la sección de Contabilidad de la Conselleria de Economía no consideraba «prudente» que la Fundación del Hércules suscribiera un préstamo para convertirse en el mayor accionista de una empresa en concurso de acreedores como el Hércules CF, que mantenía deudas millonarias con la Hacienda Pública, la Seguridad Social, sus proveedores y jugadores. Economía tampoco entendía que la Fundación acudiera a una ampliación de capital cuando en teoría carece de capacidad financiera para devolver ese préstamo.
«Por todo lo anterior», proseguía la resolución de Contabilidad, «se informa negativamente sobre la solicitud de autorización para la suscripción de un préstamo bancario con derecho real de prenda sobre las acciones adquiridas, pues en caso de impago, el IVEX, sin pretenderlo podría convertirse en el dueño del Hércules Club de Fútbol». Sin embargo, esta recomendación no fue tenida en cuenta por los responsables del IVF, que concedieron el aval y ahora reclaman por vía judicial los bienes de Aligestión, es decir, el estadio Rico Pérez y las acciones del hércules CF. Aligestión llegó a tener en su poder el 94% de los títulos del club, pero tras la ampliación de capital esa cartera se redujo al 15%.
En esta pugna jurídico-financiera por la devolución de los 18 millones de euros del préstamo, el IVF acaba de ganar una batalla en el Tribunal Supremo, que ha inadmitido el recurso de Aligestión -la sociedad creada por el empresario Enrique Ortiz- contra la sentencia en el pleito frente al IVF.
Fuentes próximas a Aligestión restaron ayer gravedad a la decisión del Supremo. La sociedad, que se encuentra en concurso de acreedores, argumentó en su recurso que no estaba obligada a entregar al IVF su patrimonio como garantía del préstamo a la Fundación del Hércules. También alegó que fue el propio Banco de la Generalitat el que impidió que se constituyera el derecho de prenda a su favor para que pudiera garantizarse la devolución del préstamo.
Una vez conocido el auto del Tribunal Supremo del pasado día 11, las mismas fuentes mantienen que este pronunciamiento no entra en el fondo del asunto y que el recurso de Aligestión se inadmite por un defecto de forma al no ajustarse el contencioso con el IVF a los motivos de casación que tiene fijados y tasados de antemano el Alto Tribunal.
Pese a este contratiempo judicial, «de este nuevo escenario judicial no se deriva ningún derecho a favor del IVF», indicaron fuentes conocedoras del proceso. «El procedimiento sigue su curso», añadieron, «y se abre el plazo para una pública subasta de los bienes de Aligestión que, en su caso, serían adjudicados al mejor postor».
Las mismas fuentes recalcan que en este nuevo escenario jurídico puede tener especial relevancia la decisión de la Comisión Europea de considerar como «ayuda pública ilegal» los préstamos avalados por el IVF al Valencia, hércules y Elche, clubes a los que impone sendas multas de 20,4 millones de euros, 6,1 y 3,7 millones. «Si esas ayudas son ilegales», explicaron, «puede darse el caso de que un juzgado declare también nulos de pleno derecho los actos de los que trae causa la entrega de esas ayudas, como sería la concesión de los avales del IVF».
