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El Consell se personará en el convenio para garantizar la devolución de los 7 millones

El conseller de Hacienda anuncia que realizará un seguimiento exhaustivo del proceso

El Consell se personará en el convenio para garantizar la devolución de los 7 millones

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, afirmó ayer, en Las Cortes, que la Generalitat pedirá la personación en el convenio de acreedores del Hércules para poder realizar «un más adecuado seguimiento de les vicisitudes que puedan afectar a la viabilidad del convenio y sus consecuencias sobre el crédito del IVF». Soler insistió en que el Valencia debe devolver al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) un total de 23,3 millones de euros por los avales concedidos para la adquisición de acciones, mientras que el Hércules CF debe abonar cerca de siete millones de euros y el Elche CF algo más de cuatro. El conseller realizó estas declaraciones en respuesta a una pregunta de la diputada de Compromís Mireia Mollà.

Soler aseguró que el Consell apoyará a los clubes de fútbol, como a cualquier otra empresa, persona o entidad perjudicada por una decisión de la Comisión Europea, y porque son además, entidades señeras y que llevan el nombre de la Comunitat en el ámbito deportivo, nacional e internacional. «No queremos recaudar dinero que no nos corresponde», afirmó Soler, pero dijo que han defendido, defienden y defenderán los intereses del contribuyente.

En este sentido, señaló que el dinero que la Comisión Europea calcula que se debe devolver al IVF asciende a 23.330.581 euros en el caso del Valencia, 6.935.020 euros en el del Hércules, y de 4.106.906 euros en el caso del Elche. El conseller destacó que en el caso del Hércules y el Elche concurren circunstancias específicas, lo que implica «actuaciones específicas para una mejor defensa de los intereses del IVF».

Sobre el Elche CF, indicó que comunicarán el crédito al órgano de administración del club, «a los efectos previstos en la normativa concursal y con las cantidades y cualificación que correspondan».

Además, ha destacado que la decisión de la Comisión es susceptible de recurso directo de nulidad ante el Tribunal General de la Unió Europea, proceso en el que España podría «activar el mecanismo de coadyuvación», algo que evaluará la Generalitat «por si fuera necesario instar esta posibilidad».

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