­A sólo nueve días del arranque de la competición en Segunda, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, va en serio a por el Hércules. Así se desprende de la propuesta preliminar de la LFP -trámite de información reservada- sobre el supuesto amaño del partido Racing-Hércules del pasado 8 de junio, en la que el instructor de la misma propone al Comité de Disciplina Social de la Liga que abra expediente disciplinario por la presunta concertación del resultado del encuentro y tome como medida cautelar el descenso a Segunda B del conjunto alicantino.

La propuesta del instructor José Miguel Zubizarreta causó ayer una mezcla de estupor e indignación en el Hércules por considerar que se da por hecha la culpabilidad de los dos clubes en un posible caso de amaño y de apuestas irregulares por internet sin tener en cuenta las alegaciones de ambas entidades. "Es una cacicada en toda regla", explicó el abogado del Hércules Jordi Aparisi, "porque se están conculcando derechos básicos como el de defensa y la presunción de inocencia".

Tan sólo un día después de que Tebas confirmara en la sede del Consejo Superior de Deportes que la Fiscalía Anticorrupción investiga por supuesto amaño el Racing-Hércules y otros ocho partidos de Segunda y Primera, el club alicantino recibió la resolución del instructor que plantea su descenso a Segunda B, extramuros del fútbol profesional. La entidad blanquiazul está convencida de que dicha resolución -un trámite formal previo a la apertura del expediente disciplinario- está inspirada por el presidente de la Liga, que no ha cesado en las últimas semanas de arrojar sombras de sospecha sobre el Hércules sin aportar ninguna prueba mínimamente sólida.

Para empezar, la conclusión preliminar de la Liga se fundamenta en un dudoso informe de la UEFA que no ha sido aún remitido al Hércules y cuyas fuentes son un presunto experto en apuestas cibernéticas y los datos facilitados por la compañía "Betfair". En ese informe se refleja una "actividad de apuestas altamente sospechosa" y se especula con ganancias millonarias de varios apostantes si el resultado del partido hubiese sido de 3-1 al final y de 0-1 al descanso, pero el encuentro finalizó con 3-0 y la primera parte con empate sin goles.

El Hércules volvió a restar ayer cualquier credibilidad a este informe y sus fuentes, al tiempo que lamentó "la indefensión" en que se encuentra el club al no disponer del mismo, ni concedérsele la opción de presentar alegaciones, ni de pedir la práctica de pruebas complementarias. En su acoso a la entidad alicantina, el instructor sostiene que "no cabe duda de que Racing y Hércules se beneficiaron de las conductas fraudulentas", conclusión que rechaza Aparisi por impedirse el derecho de defensa de ambos clubes.

En segundo lugar, la resolución de la Liga mantiene como un hecho "revelador" de la "predeterminación del resultado" del partido el silencio de los jugadores del Hércules sobre las supuestas conductas fraudulentas que trascendieron del choque en El Sardinero. El abogado del Hércules también descarta de plano la validez de este argumento al considerar que se interpreta la discreción de la plantilla y sus dirigentes, que desde el primer momento se refugiaron en ese silencio como estrategia jurídica, según Aparisi. "Nosotros no tenemos nada que ver en esas conductas", recalcó. "Y si la Liga ya tiene tan clara la certeza de que hubo fraude, ¿para qué quiere abrir un expediente?", se preguntó.

En su defensa, el Hércules considera que el instructor aplica indebidamente un criterio de responsabilidad objetiva para el club en general, sin tener en cuenta la posible y exclusiva responsabilidad individual de algún jugador en concreto, en el supuesto de que la hubiera. Asimismo, Aparisi pone en seria duda la competencia del Comité de Disciplina Social de la LFP -el órgano sancionador de la Liga- para proponer la medida cautelar del descenso a Segunda B, toda vez que cualquier decisión disciplinaria que afecte a la competición compete a la Federación Española. Además, en este caso la jurisdicción ya ha entrado en la vía penal al ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción y el instructor tenía la obligación legal de inhibirse en favor del Ministerio Público.