¿Puede alguien figurar como uno de los principales acreedores de una sociedad intervenida judicialmente y, al mismo tiempo, tomar decisiones, hacer y deshacer a su antojo sobre esa misma sociedad? La respuesta a la pregunta se despeja viendo cómo sigue maniobrando Enrique Ortiz en el Hércules. Sin vínculo alguno que le una jurídicamente al club alicantino –ni en la Fundación ni en el consejo de administración–, el empresario continúa moviendo los hilos de una entidad a la que, paralelamente, reclama una deuda millonaria a través de varias sociedades. Es decir, haciendo uso del refranero, «al plato y a las tajadas».
Y es que no existe documento que relacione jurídicamente a Ortiz con el Hércules salvo esa condición de acreedor de deuda millonaria. El constructor mueve los hilos del club alicantino a través de varios hombres de confianza en el consejo, que mantienen su sitio merced a una representación accionarial anterior, hoy reducida a un paquete de acciones que no excede del 16 por cien a nombre de Aligestión, sociedad donde tampoco aparece su nombre al haber colocado como testaferro a uno de sus cuñados. Con ello, Ortiz pretende que el administrador concursal califique su deuda como ordinaria (de cobro urgente) en lugar de subordinada (de difícil cobro) por haber tenido responsabilidad en la gestión de la sociedad que ha solicitado el concurso.
El empresario reclama al juez en el proceso concursal distintas cantidades a través de sociedades de su propiedad. A saber: «Enrique Ortiz Contratista Obras» (612.901 euros); Enrique Ortiz e Hijos (6.318.227 euros); Tizor Hormigones y Asfaltos SL. S.Ant (92.552 euros); Tizor Hormigones y Asfaltos SL (37.407 euros). En total, alrededor de siete millones de euros.
A ello se suman otros 15 millones reclamados por Aligestión, cantidad, no obstante, que está destinada a quedar etiquetada como deuda subordinada dado que esta sociedad tenía un porcentaje superior al diez por cien en el accionariado del Hércules SAD.
En esa lista de acreedores también figura Valentín Botella, a través de Promaval Inversiones (2,4 millones); y Juan José Huerga y José Manuel Viejo (750.000 euros) a través de Neilbuzz y Dusares.
Por otro lado, además de buscar desahogo por tercera vez usando la Ley Concursal en el Hércules, Ortiz se ha acogido a idéntico procedimiento en Aligestión, propietaria del estadio Rico Pérez. También como acreedor de esa sociedad en la que no queda registrado su nombre, Ortiz reclama una deuda ordinaria que, una vez concluido el proceso con la quita y espera correspondiente, podría servir para recomprar el estadio sin pagar un solo euro a través de un hipotético canje de la deuda. Y a partir de ahí negociar cuando proceda una permuta por aprovechamiento de suelo en otro lugar de la ciudad. Negocio redondo.
Una sombra al mando
A su condición de acreedor del Hércules, Ortiz agrega la nada oculta habilidad de mandar sobre los destinos del club sin necesidad de ser accionista. La representación accionarial mayoritaria (83 por cien) está en poder de la Fundación, una vez quedó completado el proceso de ampliación de capital cuando se obtuvo el crédito de 18 millones de euros concedidos por la CAM y avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Sin embargo, todos los patronos que controlan la Fundación son de la cuerda del constructor, toda vez que el IVF declinó aportar representantes a ese órgano.
Esta situación, no obstante, podría cambiar si el Instituto Valenciano de Finanzas ejecuta la opción que le habilita para pignorar el cien por cien de las acciones que ahora obran en poder de la Fundación ya que el Hércules no ha hecho efectivas las primeras cuotas para devolver el crédito de los 18 millones que avaló el Consell. En ese sentido, el IVF hizo saber semanas atrás que su gabinete jurídico estaba estudiando el asunto, pero todavía no se ha pronunciado al respecto. En caso de dar un paso adelante, el organismo autonómico dependiente de la Consellería de Economía actuaría de forma similar a como hizo con el Valencia y el Levante, clubes de la Comunidad que también obtuvieron un crédito avalado y que después quedaron dirigidos por directivos designados directamente por el poder político (Manuel Llorente, en el Valencia CF, y Quico Catalán al frente del Levante).
Mientras tanto, Enrique Ortiz campa a sus anchas, imponiendo decisiones que influyen directamente en el futuro deportivo de la entidad.
Huidas y regresos
Sólo en una ocasión ha estado cerca el empresario alicantino de dejar el club, acompañando su alejamiento a la desvinculación de las personas que tiene colocadas en el consejo de la SAD o como patronos en la Fundación. Esa oportunidad apareció a finales de 2010 cuando surgieron los problemas para pagar a la plantilla en Primera División y se aireó el malestar con la rebelión de Drenthe en las páginas de todos los periódicos. En aquel momento, tras la mediación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se negoció la incorporación del expresidente de la Cámara de Comercio Antonio Fernández Valenzuela para que asumiera la gestión dado que Ortiz no tenía intención de tapar con dinero propio el agujero económico originado por su propia gestión. Valenzuela pidió un tiempo para meditar la propuesta, pero dejó claro desde el principio que si decidía asumir el reto desembarcaría con personal de su confianza y remodelaría por completo tanto el consejo de administración como el órgano de gestión de la Fundación, condición que le fue aceptada. Sin embargo, el expolítico, finalmente, desestimó su entrada.
A continuación, a pesar de que se alejó de la escena al escuchar los truenos provocados por los malos resultados deportivos y las críticas que le responsabilizaban del desastre, Ortiz siguió ostentando el poder durante la fugaz presencia de Miguel Campoy.
La historia pareció cambiar a finales de junio. El descenso a Segunda, enmedio del escándalo por una deficiente gestión, propició un traspaso de poderes en la figura de su entonces amigo Perfecto Palacio.
Con nuevas caras, nuevas ideas y un proyecto ilusionante encabezado por Sergio Fernández, un exfutbolista herculano con calado en la afición alicantina, el barco comenzó a navegar de nuevo tras acogerse a la Ley Concursal. Esa etapa, sin embargo, duró poco. En septiembre, Ortiz nombraba consejero delegado a Carlos Parodi, uno de sus hombres de confianza, y provocaba la salida de Palacio, Huerga y Quintanilla, los directivos que habían asumido el relevo.
Actualmente, finalizada la temporada, el club vuelve a navegar en aguas turbulentas con Ortiz al timón. La imposición del fichaje de Javier Portillo, exjugador herculano hoy convertido en su yerno, amenaza con dinamitar el proyecto iniciado el pasado año con Sergio Fernández a la cabeza. Una obra más que lleva la firma de «un simple acreedor».
