Sin fundamento legal

La condena imposible

Ortiz se planteó despedir a Tote por las declaraciones del jugador en su contra, pero fue advertido de que no había percha jurídica

 10:53  
La condena imposible
La condena imposible 

Toni Cabot "Llamad a Miguel Carratalá". La orden sonó con fuerza de buena mañana, hace exactamente una semana, poco después de ser advertido a través de un familiar de las declaraciones de Tote. Enrique Ortiz no sólo no ocultaba su descomunal enfado sino que ya barruntaba seriamente ordenar el despido fulminante del futbolista madrileño, que le había señalado públicamente como el culpable del descenso del Hércules el año anterior, amén de no cumplir con sus obligaciones de pago.

Sin embargo, la inicial y firme intención de poner a Tote de patitas en la calle se desvaneció como la espuma cuando alguien intervino para apuntar un significativo dato que, en principio, sonó muy extraño: "Tote no se ha metido con nadie vinculado al Hércules".
La primera reacción del empresario ante tal apunte emparejó palabras con la costumbre ("¡pero si soy el dueño!"); la segunda, instantes después, fue mandar llamar a su abogado (Miguel Carratalá) para esclarecer dudas una vez se le hizo caer en la cuenta de que como Enrique Ortiz, nombre y apellido, no había un solo vínculo jurídico que le atara al Hércules C.F..

Administrador de hecho, pero no de derecho, Enrique Ortiz, como tal, no figura ni en el consejo de administración del Hércules ni en la Fundación, si bien todos los cargos directivos son de su cuerda (hombres de confianza y/o empleados). Ese consejo de administración cuenta con Valentín Botella, como presidente; Carlos Parodi, como consejero delegado y Vicente Farach Pérez -el último en incorporarse tras ser inscrito en el registro mercantil el pasado 9 de noviembre- como vicepresidente. Junto a estos últimos, Carratalá ejerce como secretario del consejo.

En la Fundación sucede algo similar. Repiten representación como patronos Botella y Carratalá, y se añade Luis Perea, mano derecha de Ortiz en Cívica. Fuera quedó Miguel Campoy, que presentó su dimisión como presidente cuando se produjo el cisma directivo en septiembre.
El abogado consultado, de esta forma, no encontró otro argumento que sostener la puntualización inicial: Multar, sancionar y, mucho menos, despedir a Tote no encontraba una percha jurídica dado que el jugador no se había referido con sus palabras a ningún miembro del Hércules, por mucho que Ortiz maneje a su antojo los designios del club alicantino. De hecho, ni siquiera es máximo accionista, etiqueta que erróneamente se le suele colgar, dado que el mayor paquete accionarial recae en la Fundación, órgano que aglutinó gran parte de los títulos una vez tuvo lugar la ampliación de capital generada para dar cobijo a los 18 millones de euros que concedió la CAM con el aval del IVF.
El único cordón umbilical que une documentalmente a Ortiz con el club es el Rico Pérez. La instalación es propiedad de Aligestión, sociedad creada en el mes de mayo de 2006, de la que el constructor alicantino es máximo accionista. La propiedad está compartida, con porcentajes sensiblemente inferiores, por Botella, Juan José Huerga y José Manuel Viejo.

Con todo, el primer impulso de borrar del mapa a Tote se quedó sin fundamento legal minutos después de plantearlo. Bien es cierto que horas después, José Ramón Solano, ex presidente del Hércules y una de las muletas en las que se está apoyando Ortiz en los últimos tiempos para conducir la entidad, también ahondó en la conveniencia de no mover el patio y, al mismo tiempo, buscar una solución para saldar la deuda contraida con el jugador madrileño, todo un símbolo del herculanismo, y un futbolista que puede marcar diferencias en la segunda vuelta de la Liga.

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