No habrá que esperar mucho para poner a prueba el nivel de compromiso anunciado por Enrique Ortiz el día que retomó las riendas del Hércules y designó a Sergio Fernández como plenipotenciario de los destinos del club alicantino para sofocar la revuelta que se le venía encima. Antes de final de año, con la apertura del mercado de invierno, llegará el momento de constatar realmente si sus actos coinciden con sus promesas y aporta una solución distinta a la que se baraja ahora con Abel Aguilar, del que se podría prescindir si acaba convenciendo a los administradores judiciales para que propicien su venta con tal de eludir el pago del millón y medio de euros que todavía adeuda al Udinese. Este club italiano, controlado por Gino Pozzo, ya ha llevado el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que resolverá en breve. Pozzo se aseguró la operación de traspaso de Abel Aguilar al Hércules -del que vendió el 50 por cien de los derechos por 1,5 millones de euros- con un aval de Aligestión, sociedad controlada por Enrique Ortiz y propietaria del estadio Rico Pérez. De esta forma, si Ortiz no atiende la reclamación, el Udinese ejecutaría el aval por el valor de la deuda contraida, circunstancia que el empresario alicantino pretende evitar a toda costa dado que conviene que la instalación esté libre de cargas si en un futuro quiere utilizarla para canjearla con aprovechamientos por otras zonas de la ciudad.

Sobre este escenario caben contados tipos de baile: El primero concede la partitura a los interventores judiciales que actualmente gestionan el club acogido la Ley Concursal. Si éstos alegan que la música no va con ellos -postura que sería la más lógica- dado que la operación está avalada por Aligestión y, por lo tanto, al Hércules no le roza la reclamación, se acaba el caso.

El segundo decorado apunta notas poco creíbles, que pasarían por el desembolso por parte de Enrique Ortiz del millón y medio reclamado por Pozzo para zanjar una operación que, no se olvide, él mismo negoció y cerró con el empresario transalpino.

Atendiendo al principio básico que descarta cualquier otro destino para la cabra que no sea el monte, lo que se atisba como más probable es la tercera vía: Que Ortiz convenza a los administradores para poner en venta a Abel Aguilar sin reparar en el daño deportivo que puede sufrir el actual proyecto, evitando así mácula sobre Aligestión y, por supuesto, tener que echar mano del dinero de su cuenta corriente.

Este último hipotético desenlace amenaza con estremecer por segunda vez en pocos meses los cimientos del Hércules, dado que los técnicos vienen declarando intransferible al colombiano desde el pasado verano, fecha en la que ya se habló de forma insistente de su salida.

La deuda contraida con el Udinese no es la única que se desliza por el margen de la Ley Concursal. También los intereses que se van generando por los 18 millones de euros que concedió la CAM con el aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) comienzan a llamar a la puerta. El IVF se aseguró, para dar curso a esta operación, con un contraaval respaldado por Aligestión. El nuevo marco que acoge a la CAM, intervenida por el Banco de España, no beneficia a la hora de pedir paciencia o tratos de favor, de ahí que esta hoguera también amenaza con avivarse.

Para colmo, los despropósitos y la mala gestión que imperó en el pasado presentaron una nueva factura recientemente. Una demanda interpuesta por Nano, el jugador ilicitano que militó en el Hércules a mediados de la anterior década, ha acabado costando 400.000 euros al club por no presentar como debía las bases impositivas del sueldo del futbolista.

Tal esperpento se une a la larga lista de desatinos que han jalonado los trece años de reinado de Ortiz, acostumbrado a acumular sanciones y pérdidas millonarias por despistes y mala gestión.