La presunta compra de partidos del Hércules para asegurar el ascenso a Primera División podría acabar siendo objeto de un expediente administrativo a pesar del archivo judicial. El Consejo Superior de Deportes (CSD) se ha personado esta semana en la causa archivada de forma provisional por el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante después de conocer que el juez desestimó la petición del fiscal para que informara de las presuntas irregularidades a este organismo y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según confirmaron ayer fuentes judiciales. La personación del CSD como parte afectada en la causa, que ha sido aceptada por el juzgado instructor, le permitirá probablemente la obtención del informe policial de casi medio centenar de folios que resume las escuchas del caso Brugal sobre el supuesto amaño de partidos, según indicaron las mismas fuentes.
Para ello, una abogada del Estado presentó el pasado miércoles un escrito en el decanato de los juzgados de Alicante solicitando al titular del juzgado de Instrucción número 7 la personación en la causa del Consejo Superior de Deportes (CSD) al tener conocimiento de un presunto fraude deportivo que puede ser objeto de una infracción administrativa.
Efectos limitados
Al estar archivada provisionalmente la causa, la personación del CSD tiene efectos limitados pero sí podría tener acceso al informe sobre las escuchas que implican presuntamente al máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, en la compra de varios encuentros.
La duda jurídica es si puede utilizar las escuchas posteriormente en un hipotético proceso administrativo que impulse el CSD. En este punto discrepan las fuentes judiciales consultadas y mientras unas consideran que sí las puede usar el CSD en un posible proceso administrativo, otras estiman que no y la situación es la misma tras el auto del juez donde descarta enviar las escuchas a los organismos deportivos.
Por su parte, la Fiscalía de Alicante realizará un nuevo intento para que las escuchas lleguen al CSD y a la RFEF y hoy presentará un recurso al auto judicial que rechazaba esta posibilidad con el fin de que el proceso no se cierre de forma impune pese a no estar castigadas aún estas conductas por la vía penal.
El recurso se presentará en el mismo juzgado que denegó el envío de las escuchas, por lo que probablemente lo rechazará de nuevo y será un tribunal de la Audiencia Provincial quien tenga la última palabra al tener que resolver un recurso subsidiario de apelación.
El auto del titular del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante que denegaba la petición fiscal estaba bien fundamentado y aportaba un importante número de sentencias que respaldan su decisión, indicaron las fuentes judiciales. Ahora queda saber qué fundamentos jurídicos plantea el Ministerio Fiscal en su recurso para que reconsidere su decisión y decida informar del amaño de partidos a los estamentos deportivos.
