Las escuchas telefónicas sobre la presunta compra de partidos por el máximo accionista del Hércules para ascender no llegarán ni a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ni al Consejo Superior de Deportes (CSD). Así lo ha acordado el magistrado titular del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, quien, tras archivar el caso por no ser aún delito la compra de partidos, notificó ayer un nuevo auto en el que desestima la petición del fiscal anticorrupción para que comunicara las irregularidades administrativas descubiertas a los organismos deportivos, según informaron fuentes judiciales. El auto puede ser recurrido y la Fiscalía de Alicante estudiará ahora si presenta algún recurso o da por cerrado el caso.

Las fuentes judiciales consultadas señalaron que el juez fundamenta su negativa a informar a la Federación en que la intromisión a la intimidad de las escuchas del caso Brugal no pueden amparar la investigación de una infracción administrativa. Así, considera que se vulneraría el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

El magistrado se apoya fundamentalmente en la doctrina del "hallazgo casual" durante las escuchas autorizadas para investigar la contrata de basuras de Orihuela y entiende que existe una infracción al principio de proporcionalidad porque las presuntas irregularidades descubiertas sobre el Hércules no están consideradas como delito pese a que a finales de este año si se castigarán con penas de cárcel. Si se hubiera tratado de un hecho grave tipificado en el Código Penal no se produciría este problema.

Tras esta decisión del juez de Alicante, la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes podrían iniciar una investigación sobre los hechos que han trascendido, aunque no podrá contar con las escuchas realizadas al máximo accionista del club herculano, Enrique Ortiz, y por tanto será muy difícil que prospere. No obstante, habrá que esperar a que la Fiscalía se pronuncie sobre esta decisión y el posible recurso a la negativa a informar de los hechos a la RFEF y al CSD.

El Betis solicitó la semana pasada a la Federación una investigación sobre la presunta compra de partidos por el Hércules, ya que ve una posible vía para no quedarse en Segunda División. Igualmente, el Cádiz, en Segunda B, también ha enviado escritos a la RFEF y al CSD para personarse como parte afectada. El club andaluz emitió ayer un comunicado en el que exigió "una investigación seria y contundente sobre lo acaecido".

La segunda investigación judicial derivada del caso Brugal que afecta al Hércules no ha sido archivada por el momento y se tramita en el juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, donde se está pendiente de tramitarla o devolverla al juez de Orihuela que se inhibió. Dicha pieza está relacionada con la Fundación Hércules y la adjudicación de obras financiadas por la Diputación a empresas con el compromiso de inyectar dinero a dicha entidad social del club herculano.

El máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, sigue sin pronunciarse sobre la presunta compra del portero del Córdoba y el intento de amañar otros tres partidos.