El asesinato del ex alcalde de Polop de la Marina
La hija de Ponsoda, contenta por las detenciones
El alcalde de Polop se niega a declarar
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Prisión para los dos sicarios y el dueño de un club implicados

Los dos checos habrían actuado como presuntos autores materiales del tiroteo y la juez centra su interrogatorio en averiguar su medio de vida
 
R. PAGÉS

La juez titular del Juzgado número 2 de La Vila Joiosa decretó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos ciudadanos de origen checo y el español que el pasado viernes fueron detenidos por su presunta implicación en el asesinato del alcalde de Polop. La magistrada considera que los dos primeros podrían haber actuado, junto con el primer detenido en Albatera, como presuntos autores materiales del tiroteo que acabó con la vida de Alejandro Ponsoda en octubre de 2007, mientras que el ciudadano español, copropietario del club Mesalina de Finestrat, habría participado como colaborador necesario, tal y como apuntaron anoche fuentes cercanas al caso. Con el ingreso ayer en la cárcel de estos tres hombres, son ya seis los detenidos por su presunta implicación en los hechos, todos ellos ya en prisión preventiva, toda vez que no se descarta que pudiera haber nuevas detenciones en las próximas horas.
Los interrogatorios a estos tres detenidos se produjeron ayer, en una jornada maratoniana que no concluyó hasta pasadas de largo las diez y media de la noche.
El primero en declarar ante la juez fue uno de los dos presuntos sicarios de nacionalidad checa, con iniciales R.R., que reside en España desde el año 2004 y trabaja como portero en un club de alterne de la zona de la Estrada, en término municipal de Altea. Durante más de dos horas y media de interrogatorio, en el que fue necesaria la participación de una intérprete, el acusado negó "contundentemente" cualquier implicación en los hechos y manifestó que, de tener relación con el asesinato de Ponsoda, "no habría seguido en España después de que se produjesen las primeras detenciones", según manifestó su abogado, Alejandro Dapena. El letrado explicó que tanto la juez como el Ministerio Fiscal centraron su cuestionario en conocer su medio de vida y si tenía relación profesional o de amistad con otros detenidos, fundamentalmente con el primer arrestado -Raúl M.T.- y con su compatriota checo -R.F.-, y manifestó que "en ningún momento" le preguntaron por ningún cargo público del Ayuntamiento de Polop. "Ha reconocido que conocía a algunos implicados y también al otro checo, pero sólo porque son de la misma nacionalidad y nunca han sido compañeros de trabajo", agregó el letrado. Por último, Dapena manifestó que, sin cuestionar "la gravedad de los hechos y mi respeto a la familia del fallecido", la orden de ingreso en prisión de su defendido responde "fundamentalmente a que se trata de un hecho que provocó gran alarma social y a que la investigación sigue abierta y podría frustrarse".
En los mismos términos transcurrió el interrogatorio del segundo de los arrestados que ayer ingresó en prisión, R.F., el otro supuesto sicario de origen checo, que también trabajó como portero en un club de alterne aunque ahora está en el paro, según afirmó anoche su abogado de oficio. Como en el caso anterior, este sospechoso también fue preguntado por su relación con el resto de los acusados, por sus ingresos y por su medio de vida, mientras que el abogado que se le asignó manifestó que si bien el ingreso en prisión obedece a "sospechas fundadas", éstas las desconoce al seguir el secreto del sumario.
El último en declarar ayer, pasadas las 20.30 horas, fue Pedro H., el copropietario del club de alterne Mesalina en el que, según los investigadores, podrían haberse celebrado las reuniones en las que se tramó el crimen. En este caso, el interrogatorio giró en torno a si tuvo conocimiento o participó en estas presuntas reuniones, y si conocía a los que podrían haber participado en las mismas y al resto de detenidos. Su defensor, el abogado Antonio Lucas, manifestó que su cliente negó todos estos hechos y sí reconoció conocer a algunos de los acusados días atrás, entre ellos el gerente del club -Ariel A.G., de nacionalidad uruguaya y que también se halla en prisión preventiva-, "algunos por ser clientes del club y otros por trabajar en él o por relación de amistad". El letrado no se pronunció sobre si a su cliente le preguntaron por la presunta participación de algún cargo público polopino en dichos encuentros, pero consideró que la acusación sobre su patrocinado se sustenta "únicamente en la declaración de testigos protegidos que desconocemos".
La juez mantiene abierta la causa por dos presuntos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas y todavía queda por conocer quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen de Ponsoda.

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