El Anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales preparado por el Ministerio de Economía y Competitividad trae consigo la liberalización del mercado y deja en el aire la obligatoriedad de determinadas profesiones hasta ahora reguladas.

Habría que recordar que los colegios profesionales fueron creados por los poderes públicos para llevar a cabo un control objetivo e imparcial de la actividad profesional con el fin de que los ciudadanos reciban servicios profesionales en las mejores condiciones de calidad.

Los colegios profesionales aportan a la sociedad numerosos beneficios, garantizando a los usuarios y consumidores que los servicios que reciben por parte de los profesionales colegiados, lo hacen cumpliendo los modelos de calidad recogidos en los códigos deontológicos.

Asimismo, los profesionales colegiados ven como desde el Colegio se defienden los intereses de la profesión de cada uno de sus miembros y del colectivo en su conjunto ante los poderes públicos y reciben numerosos servicios como una constante actualización sobre los incesantes cambios en la legislación que pueden afectar a la profesión en general y a los servicios que prestan a sus clientes.

Los graduados sociales prestan un asesoramiento integral a empresas y trabajadores en materia laboral, jurídico laboral, fiscal y contable, por lo que es innegable que la actividad que desarrolla tiene un efecto social directo en la sociedad por lo que no es cuestionable la obligatoriedad en la colegiación ya que se pondrían en riesgo los derechos de los ciudadanos.