El PP aumenta su mayoría absoluta en el Senado en seis escaños al pasar de 124 a 130 senadores y es la primera fuerza en 15 comunidades autónomas mientras que ERC se impone en Cataluña y Unidos Podemos en el País Vasco.

Según datos la página web del Ministerio del Interior, con el 94,34 % de los votos, el PP obtemnía 27 senadores en Castilla y León, 15 en Castilla-La Mancha, 14 en Andalucía y 12 en Galicia.

El PSOE perdía un senador en Andalucía y los dos que tenía en la Comunitat Valenciana mientras que ganaba uno en Galicia, otro en Canarias y uno más en la Comunidad de Madrid.

Unidos Podemos perdía el senador que tenía en Madrid y los dos escaños en la Cámara Alta por Canarias mientras que gana dos en la Comunitat Valenciana y uno más en el País Vasco.

En Cataluña, ERC ganaba 4 senadores más, En Comú mantiene los 4 escaños y CDC se posiciona con 2. En el País Vasco, Unidos Podemos se convertía en la primera fuerza al ganar un senador, por delante del PNV, con 5, y los populares mantenían el senador que tenían.

Si hace seis meses el Senado se jugaba su futuro, la institución más censurada del país resiste el envite y se reivindicó decisiva para acometer las reformas que, de mayor o menor calado, han propugnado los partidos de cara al 26 de junio. El desenlace de las elecciones de diciembre, que impidió formar gobierno pero reeditó la mayoría absoluta del PP en el Senado, ha revalorizado la utilidad de la Cámara Alta.

Hasta tal punto que ahora el debate ya no se ha centrado tanto en su propia existencia como en su condición de institución esencial y definitiva para sacar adelante cualquier retoque constitucional. «Del no sirve para nada, no voy a votar», que caló en cerca de un millón y medio de españoles el 20D que votaron al Congreso pero no al Senado, se ha pasado al «hay que hacer valer todos y cada uno de los votos» y a buscar fórmulas alternativas a una ley electoral que prima las mayorías.

Y es que, si algo dejaron claro las elecciones de diciembre, es que si el PP conserva su reiterada mayoría absoluta en la Cámara Alta, cualquier modificación de la Constitución podría detenerse, ya que para que salga adelante se precisa la aprobación de las dos cámaras.

De los 208 senadores elegidos ayer entre los 1.304 candidatos 760 hombres y 554 mujeres que concurrían a los comicios, dependerá por tanto que España entre en un nuevo período reformista. Una nueva etapa que incluiría también la tantas veces aplazada renovación de la propia institución, como prometen todos los partidos en sus programas, excepto Ciudadanos, que mantiene su idea de suprimirlo por «ineficaz».

Las propuestas de reforma del Senado de los partidos difieren en el alcance, pero todas reivindican su papel como cámara territorial y apuestan por reforzar las competencias relacionadas con las comunidades autónomas.

El PP incluye cambios en el Reglamento para que se convierta en foro de primera lectura para los estatutos de autonomía y las leyes de financiación autonómica. Los socialistas van un poco más allá y, además de redefinir sus funciones para vincularlas a la dimensión territorial, proponen revisar la composición y trasladar la sede a Barcelona, una medida que enmarcan dentro del modelo federal que acordaron para redefinir España.