Termina una campaña de perfil bajo, muy polarizada entre el discurso del PP y el de A la Valenciana -la coalición impulsada por Compromís y Podemos como plataforma electoral en la Comunidad- y sin propuestas concretas sobre la provincia. La repetición de los comicios generales ha oscilado entre el voto del miedo al que se aferran, por distintos motivos, los populares y los socialistas; a la alternativa de cambio y de intentar finiquitar 23 años de hegemonía del PP que pone encima de la mesa A la Valenciana pasando por el intento de C's de ofrecerse como la única alternativa política capaz de dialogar a un lado y otro de la escena que salga en el Congreso tras los comicios del próximo 26-J. Poco más en una carrera electoral con los mismos candidatos pero sin ningún tipo de frescura ni de capacidad de ofrecer proyectos a los alicantinos en un momento, además, en el que el nivel de participación será una de las grandes incógnitas y, quizá, una de las claves de los comicios del domingo.
El PP no se ha movido ni un ápice del guión que se había marcado para esta campaña. Ha focalizado sus ataques contra la coalición liderada por Mónica Oltra en la Comunidad y Pablo Iglesias en España con dos objetivos: tratar de sacar a su electorado de la abstención y, de paso, intentar recuperar electores que se fugaron hace seis meses a Ciudadanos. El plan del PP es tratar de concentrar un número de votantes que le conduzca a sumar más de 130 escaños. Los populares están seguros de ganar en la Comunidad y de hacerse, al menos, con un diputado más por Alicante, además de conservar los que ya sacó el 20-D tanto en Valencia como también en Castellón. Sin separarse ni un milímetro de esa estrategia, la presidenta del PP en la Comunidad, Isabel Bonig, cargó ayer contra el «sectarismo» de Mónica Oltra y Pablo Iglesias que, detalló, les ha llevado a «paralizar proyectos en la Comunidad que suponen una inversión de 2.500 millones de euros y la creación de 32.000 empleos».
Bonig se lamentó del «frenazo a la inversión privada en la Comunidad» que, a su juicio, ha supuesto la llegada de Mónica Oltra al poder. «Dice que quiere cambiar el modelo productivo, pero pide 30 años para hacerlo y, mientras, espanta a inversores que proyectan iniciativas que generan empleo», criticó Bonig que citó, de forma explícita, el carpetazo al proyecto de Ikea en Alicante. En esa misma tesis incidió el ministro Margallo, número uno del PP en la provincia, en uno de sus últimos mensajes de campaña. «En un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos, Pedro Sánchez será el presidente y Pablo Iglesias el que mande», como ocurre, dijo, en la Comunidad con la relación entre Mónica Oltra y Ximo Puig.
Precisamente, la vicesepresidenta del Consell y líder de Compromís también aprovechó su habitual comparecencia semanal -adelantada en esta ocasión un día por la celebración de San Juan- para percutir contra el PP dentro de la estrategia de su coalición de focalizar la batalla con los populares y de ofrecerse como única alternativa posible. «No debería durar ya ni cinco minutos en su cargo y Mariano Rajoy debería cesarlo de manera fulminante», lanzó la número dos del Consell sobre la polémica en la que está envuelto el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que se acusa de intentar fabricar investigaciones judiciales contra políticos catalanes.
Mónica Oltra, muy centrada en Alicante donde Compromís se juega un diputado decisivo, definió las explicaciones del ministro como «insultantes» al señalar que las conversaciones se produjeron hace un tiempo, ya que el hecho de que «se pulverice el estado de Derecho» hace unos meses en vez de ahora «no deja de socavar por completo las leyes». La portavoz de Compromís advirtió además de que estos hechos ocurren «en regímenes totalitarios, no en las democracias avanzadas», y que «el problema es que al ministro lo que le molesta es que se haya sabido, y por eso dice que no influirá en las elecciones». Oltra recalcó que estos hechos «claro que influirán» en la cita del 26-J, «porque el problema no es que se sepa, es que haya pasado y a saber qué cosas más habrán pasado», y se mostró convencida de que «tiene que pasar factura» en las urnas ya que «los ciudadanos no nos podemos permitir un gobierno que atropella de esta manera derechos fundamentales».
Los socialistas, como también el PP, se han apuntado igualmente durante toda la campaña al voto del terror como única opción para tratar de resistir el envite de las candidaturas impulsadas por Podemos, en condiciones de dar el «sorpasso» al PSOE. Ayer mismo, de hecho, el candidato socialista a La Moncloa, Pedro Sánchez, solicitó el voto durante una visita en Alicante para colocarse como árbitro entre los extremos y como la única opción capaz de llegar a acuerdos. Ese mensaje también ha intentado utilizar Ciudadanos, con una campaña muy desdibujada en la recta final por los problemas internos de la formación que se han saldado, por ahora, con la marcha del diputado Fernando Sepulcre. Y con todo eso, ni un sólo mensaje sobre el futuro de la provincia. Los grandes asuntos pendientes de la agenda de Alicante han pasado desapercibidos en estos comicios: mucho postureo, demasiado bajo perfil pero muy pocas propuestas para los ciudadanos.
