La Generalitat Valenciana presidida por Francisco Camps y la Diputación de Castellón dirigida por Carlos Fabra pagaron 10 millones «de forma irregular» a una empresa que supuestamente forma parte de la trama Púnica para la organización de un torneo de golf en Castellón, según denunció ayer Compromís.
En un comunicado, el cabeza de lista de la coalición A la valenciana por Valencia, Joan Baldoví, acusó a estos dos exdirigentes del PP de utilizar supuestamente la misma fórmula empleada en otros casos de corrupción, como en Nóos, para eludir los concursos públicos: el convenio en lugar del contrato público. De esta manera contrataron a Match Golf Consulting, una firma dirigida por María José Marijuán, una supuesta testaferro del exconsejero madrileño Francisco Granados, siempre según Compromís.
Esta formación, que ha recabado documentación al respecto de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno de Camps y el de Carlos Fabra abonaron 10 millones de euros a Match Golf Consulting entre 2008 y 2010 para la organización del torneo de golf Castelló Masters Costa Azahar. Esta prueba se disputó entre 2008 y 2011 en el campo de golf que precisamente gestionaba y dirigía el propio Carlos Fabra, en la localidad de Borriol, asegura Compromís. Según las mismas fuentes, el contrato se produjo por la fórmula del convenio, en lugar del concurso público «pese a todos los reparos manifestados tanto desde la Abogacía de la Generalitat como desde la Intervención». Esta última advirtió además de que no se habían emitido los informes preceptivos exigidos por la ley, previos a la aprobación por parte del Gobierno valenciano del convenio de referencia, según Baldoví. El contrato también tuvo lugar en 2011, pero no constan los documentos sobre los pagos por esa anualidad, aunque Compromís apunta la posibilidad de que se abonasen otros tres millones de euros.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Compromís, el convenio firmado inicialmente en 2008 por la entonces consellera de Cultura, Trinidad Miró, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y por la «testaferro» de Granados, María José Marijuán; establecía que la Generalitat y la Diputación aportarían dos millones de euros al año en concepto de patrocinio. Ante la ausencia de benefactores privados, y «pese a los proclamados réditos económicos del torneo», al año siguiente incrementaron en un millón de euros más su aportación de forma anual, según las mismas fuentes. En estos momentos se estudia si trasladar esta documentación a la Fiscalía Anticorrupción o facilitarla directamente al juez que instruye el caso Púnica en la Audiencia Nacional, según Compromís.
A juicio de Baldoví, «la credibilidad de Rajoy sigue cayendo en picado tras destaparse otro pago de 10 millones de euros desde el Consell del PP a una empresa vinculada a la Púnica».
El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, afirmó ayer que siente «asco y vergüenza» por la «gobernanza miserable durante muchos años» de los dirigentes del PP en la Comunidad Valenciana, más interesados «en sus propios negocios» que en el «interés general». En declaraciones que realizó en su visita a Almería, Puig se refirió así a la denuncia de Compromís.
Gürtel
El síndic de Podemos en las Cortes Valencianas, Antonio Montiel, lamentó que «todas las tramas corruptas del Partido Popular han pasado por la Comunidad Valenciana» y criticó que hayan «vaciado las arcas públicas de los recursos de los valencianos en beneficio de unos pocos». Recordó que la semana pasada la Generalitat puso a disposición de la Fiscalía presuntas irregularidades detectadas en la facturación del hospital provincial de Castellón por importe de 25 millones y el presidente de una de las empresas implicadas, Piaf, es Alejandro Pons, «que ya ha confesado ante la Audiencia Nacional que financió ilegalmente al PP de Francisco Camps a través de la Gürtel».
