El Consell amenaza a Rajoy y plantea un acto de protesta por el expolio de la financiación

Oltra admite que la Generalitat no puede pagar a los proveedores si el Gobierno central no transfiere el rescate

21.06.2016 | 01:05
El Consell amenaza a Rajoy y plantea un acto de protesta por el expolio de la financiación

«Parece que se está abusando de nuestra paciencia», proclama la vicepresidenta.

Las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat se tensan con el paso de los días. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, dio ayer un paso más y valoró, medio en broma medio en serio, la posibilidad de celebrar un gran acto de «desagravio» para protestar por el trato que está brindando el Ejecutivo de Mariano Rajoy a la Comunidad. Especialmente, por la financiación y los escasos recursos económicos que llegan desde Madrid. Un día después de que Ximo Puig anunciara que el Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a Valencia exigiendo el pago de la sanción de la UE de 19 millones más intereses por la ocultción del déficit en la era PP, Oltra dijo basta. Se plantó. «Parece que se está abusando de nuestra paciencia», proclamó, a la vez que instó al Gobierno a reclamar ese dinero a los culpables de la ocultación de las facturas que dieron origen a la multa de la UE. «La deberían pagar los que escondieron las facturas en los cajones porque hicieron una gestión catastrófica y han dejado una ruina en diferido que nos va a costar digerir», apostilló la lideresa de Compromís durante su tradicional comparecencia de los viernes tras la sesión plenaria del Ejecutivo.

Lo que más enervó a Oltra no fue esa misiva firmada por Cristóbal Montoro, sino la que remitió su número dos en Hacienda, Antonio Beteta. El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha amenazado a la Generalitat con retener parte de las transferencias del Estado después de certificar que el Consell paga a los proveedores en un plazo de 73 días. Es decir, 13 más de los que marca la ley.

Cuestionada al respecto, la vicepresidenta sacó entonces toda la artillería. Y puso números encima de la mesa. Así, por ejemplo, comparó los 2.600 millones de euros que recibió el gobierno de Alberto Fabra entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2015 a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), frente a los 411 millones que ha ingresado el actual ejecutivo de izquierdas en el mismo periodo de este año. «La carta es amenazadora. Y es la profecía autocumplida y un círculo vicioso, porque no podemos pagar a los proveedores si no llega el dinero del FLA. Y quien envía ese dinero es Beteta», añadió.

La respuesta al por qué de esas diferencias es clara. Al menos, para Oltra. «Montoro inyectó entonces dinero porque eran de su partido –los que gobernaban la Comunidad– y ahora no inyecta porque somos del PP», sentenció. La dirigente de Compromís no se quedó ahí. Lamentó la «falta de lealtad institucional» de Madrid e ironizó: «A lo mejor tenemos que organizar un acto de desagravio al pueblo valenciano en la plaza».

La carta que ha remitido Beteta a la Generalitat contrasta con la inacción del Gobierno central con los ayuntamientos incumplidores. Tal y como avanzó este diario en su edición del pasado lunes, un total de 17 consistorios alicantinos y la mancomunidad de l'Alcoià-El Comtat pagan a las empresas con más de 60 días de retraso. Sin embargo, Madrid no ha emprendido acciones contra ellos. Y sí podría hacerlo. ¿Cómo? Reteniéndoles una parte de sus entregas a cuenta para abonar directamente las facturas a los proveedores.

Radiotelevisión Valenciana
La vicepresidenta también anunció ayer que el Consell, constituido en Junta General de Accionistas de Radiotelevisión Valenciana SAU (RTVV), ha acordado instar a los liquidadores de la sociedad a realizar las operaciones mercantiles necesarias para la adjudicación a la Generalitat de todos los bienes y derechos que comprenden el inmovilizado material e intangible de RTVV. Asimismo, ha decidido la resolución de contrato de la sede de Alicante.

Esta decisión permitirá permitirá liberar del pago de una cantidad cercana a los 3 millones, correspondientes al canon mensual establecido hasta 2035. Los liquidadores ya dejaron de hacer frente a las obligaciones del contrato por considerar sus cláusulas abusivas, lo que ha permitido dejar de pagar 371.398,45 euros.

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