La exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson aseguró ayer, en una comparecencia a petición propia en el juzgado en el que figura como investigada por presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 en Valencia, que fue el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra quien dio la orden de comprar Valmor, y que ofreció todos los detalles al resto de miembros del Consell sobre la decisión en diciembre de 2011.
Según fuentes conocedoras de su declaración, la exconsellera popular señaló que Fabra les trasladó que tenían un problema procedente del gobierno anterior, que debían solucionarlo «de la mejor manera», que en ese caso se entendió que era la compra de la ruinosa empresa por un euro. Algunos consellers expresaron su extrañeza por este hecho, aunque el entonces conseller de Hacienda José Manuel Vela les explicó que con ello se asumía toda la deuda por parte del Consell.
Asimismo, indicó que todo el proceso relacionado con la F1 lo capitaneó Vicepresidencia del Consell -Vicente Rambla, Paula Sánchez de León y José Císcar-, ya que era este departamento quien se encargaba «transversalmente» del asunto. Durante su declaración, Johnson afirmó que ella «nunca» engañó ni se ocupó de esta cuestión, porque todas las competencias las ejercía Vicepresidencia. En todo caso, indicó que la compra siguió los procesos legales y contó con el asesoramiento de los técnicos de la administración en sus distintos niveles.
Al respecto, en relación con la compra, la exconsellera apuntó que en octubre de 2011 se celebró una reunión en Vicepresidencia convocada por la exconsellera portavoz Paula Sánchez de León, solicitada por Valmor, donde la empresa reconoció que atravesaba una mala situación y que necesitaba una solución. A partir de ahí fue cuando se decidió la compra de Valmor. En su comparecencia como testigo, Sánchez de León aseguró desconocer el estado de las cuentas y deudas de la empresa.
Aval
Sobre la orden que se le dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa y el Consell asumía el canon anual de 26 millones de dólares, la exconsellera justificó que esto no fue un contrato y negó que el expresidente Francisco Camps le ordenara la firma. Según las mismas fuentes, ella entendió que era un «preacuerdo», cuya orden le urgió a firmar «con prisa» la exdirectiva de Proyectos Temáticos Belén Reyero -dependiente del área de Presidencia-.
