El Consell ha encontrado un inesperado aliado en su pulso contra el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el maltrato a la Comunidad en el reparto de los fondos autonómicos. En su último informe sobre la deuda de las instituciones autonómicas, el Banco de España registra que, con los datos actualizados hasta el primer trimestre de 2016, la deuda de la Generalitat se estabilizó en 41.953 millones -41% del PIB-, cerca ya de siete billones de las antiguas pesetas y la misma cifra que a finales de 2015. Eso significa que durante ese periodo, tal y como viene denunciando el conseller Vicent Soler, no llegó ni una sola aportación de fondos de liquidez a las arcas autonómicas, lo que ahoga la gestión del nuevo Consell de izquierdas, pone en riesgo los pagos y ratifica las críticas de Ejecutivo autonómico: Montoro reparte el dinero del rescate de forma «arbitraria».

La particular clasificación del Banco de España coloca a Cataluña en cabeza con un lastre de 72.278 millones; seguida de la Comunidad con un «agujero» de 41.953 millones; Andalucía que llega a los 31.484 millones; y Madrid a los 28.380 millones. Estas cuatro comunidades concentran dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el primer trimestre. En todos los casos, la deuda creció respecto a finales de 2015, salvo la de la Comunidad, que se mantuvo exactamente igual. Todo eso con un decorado en el que la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas, batió récords en el primer trimestre, hasta los 1,095 billones de euros, y escaló hasta la cota del 100,5% del PIB.

La serie trimestral del Banco de España sobre la deuda bancaria de las autonomías y, especialmente, en el caso de la Comunidad pone sobre el tapete, de todas maneras, el problema que supone un modelo de financiación que discrimina al Consell y que obliga además a recurrir a los préstamos con el aval del Estado como única vía para poder salvar el «día a día» de la gestión. Ayer mismo, de hecho, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunió con el consejo asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), al que trasladó la necesidad de un cambio en la financiación. «No es una cuestión que se pueda alargar ni un día más y también lo ha dicho AIREF, que ha demostrado activamente que la Comunidad está infrafinanciada», concluyó Puig.

Un auténtico drama: las comunidades dependen del incremento de la deuda para poder funcionar a falta de una financiación adecuada. Y además la situación se complica todavía más cuando se produce una doble vara de medir en la distribución del dinero. Hace un año, a estas alturas, el Ejecutivo de Alberto Fabra ya había ingresado durante la primera mitad del ejercicio y con las elecciones autonómicas en juego, unos 2.500 millones de euros en ingresos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica. Ahora, sin embargo y como también reveló el jefe del Consell, no ha llegado ni un sólo euro todavía de los más de dos mil que han sido aprobados.