La Junta Electoral de Zona de Valencia ha abierto expediente informativo para dilucidar si un acto celebrado el pasado jueves en el Palau de la Generalitat en el que participó el presidente, Ximo Puig, con responsables sindicales vulneró la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Según consta en la documentación facilitada por el PP a la agencia EFE, este expediente tiene su origen en una reclamación presentada por este partido en la que se solicitaba la prohibición de ese acto y de la posterior rueda de prensa, que finalmente se celebró.

El acto denunciado consistió en la escenificación de la firma del pacto de la Mesa de Función Pública en el que se rubricó el acuerdo de legislatura alcanzado entre el Gobierno valenciano y los sindicatos sobre las condiciones del personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat, al que acudieron representantes del UGT, STEPV, CCOO y FSES.

En su reclamación, el PP indicó que la firma del citado acuerdo, «aunque se considera una actividad normal de la Administración, no precisa de un acto protocolario, de marcado carácter político, ni de la posterior rueda de prensa, pues supone una campaña de logros, prohibida expresamente». «Consideramos que la junta electoral debe prohibir la realización del acto por innecesario y tendente a ensalzar la firma como un logro obtenido por las autoridades que intervienen. También debe prohibirse la posterior rueda de prensa porque contendrá alusiones a las realizaciones o logros obtenidos, en particular, de los de Puig», reza la reclamación del PP. Un día después, el 10 de junio, la directora general de la Abogacía de la Generalitat remitió a la junta electoral varias alegaciones basadas en que el citado acto respondía a una actuación ordinaria y no formaba parte de un acto de campaña por lo que no cabía duda sobre la inexistencia de intencionalidad electoral.

Programación ordinaria

Asimismo, se insistió en que el acto denunciado por el PP «estaba previamente programado, como otros similares, en el marco del proceder ordinario de una administración que no puede paralizarse por la celebración de unas elecciones, en referencia a las generales del próximo día 26.