La corrupción que ha azotado la Comunidad Valenciana de norte a sur y de este a oeste volverá a copar la campaña electoral del 26J. Ayer mismo fue la Generalitat la que se encargó de agitar los escándalos que han sacudido al PP con un objetivo claro: desgastar a los populares en las dos semanas previas a los comicios. Lo hizo, de manera indirecta, a través de tres vías distintas. La primera, con la Educación de por medio. El pleno del Consell aprobó por la mañana el decreto de modificación del Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Conselleria de Educación con el objetivo de que sea la propia Generalitat la que asuma la gestión y construcción de los centros educativos.

Hasta hace unos años, ese cometido lo tenía Ciegsa, una empresa pública impulsada por el PP que llegó a acumular un agujero superior a los 1.000 millones de euros. «Lo que se pretende es dotar de medios a la Conselleria para la gestión directa, máxime teniendo en cuenta que venimos de una pésima gestión de Ciegsa, con un agujero de 1.000 millones, infraestructuras a medio construir y otras que no se pueden recepcionar y una media de sobrecoste de un 36 por ciento de cada colegio», sentenció la vicepresidenta del Ejecutivo, Mónica Oltra, durante su comparecencia ante los medios tras el pleno.

La también lideresa de Compromís consideró «un disparate» la política que impulsó el PP y reiteró que ahora se pretende corregir «reforzando la gestión directa desde la Conselleria como garantía de construcción de buenas infraestructuras».

Oltra asestó otro rejonazo a los populares a raíz de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, que ha supuesto otro quebranto a las arcas públicas y va a provocar que dirigentes de tanto peso como Juan Cotino tengan que sentarse en el banquillo acusado de malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada. Pues bien, la vicepresidenta de la Generalitat agitó ayer este caso y anunció que ha cursado una petición al Arzobispado para que atienda las solicitudes «reiteradas» de la Intervención General de la Generalitat y aporte documentación relativa a la visita del Papa con el fin de poder realizar la auditoria y conocer «la dimensión del agujero y los sobrecostes y gastos prescindibles, superfluos y suntuarios».

Tal y como ha venido informando este diario, Cotino, tres cabecillas de la red Gürtel -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- y el exdirector de RTVV Pedro García, entre otros, se sentarán en el banquillo acusados de amañar e inflar el contrato para las pantallas gigantes y la megafonía del acto.

Residuos

La tercera y última área que «tocó» ayer Oltra relacionada con la corrupción del PP fue la de los residuos. Aunque no mentó de manera directa el caso Brugal -el escándalo de las basuras de la Vega Baja, en el que se encuentra implicado el expresidente provincial del PP Joaquín Ripoll-, la vicepresidenta sí anunció que la Generalitat podrá llevar a cabo una actuación inmediata en la gestión de residuos en sustitución de la correspondiente entidad local o consorcio «cuando se produzcan situaciones con posibilidad de afecciones ambientales o de riesgo para la salud de la población en general». Y añadió: «La provincia de Alicante es especialmente problemática en este campo. En el sur se ha producido una situación de colapso, con vertederos saturados y zonas enteras sin plantas de tratamiento de residuos o de transferencia, lo que había creado una situación de riesgo medioambiental y un problema de salud pública».