Portazo y se acabó. El Consejo Ciudadanos de Podemos en la ciudad de Alicante anunció ayer su disolución «inmediata», apenas unas horas después de que cerraran los colegios electorales y tras el éxito de la formación en las urnas. Diez miembros de esa Ejecutiva fueron sancionados en septiembre con un año de suspensión de militancia e inhabilitación por la comisión de Garantías Democráticas de Podemos en la Comunidad por un supuesto «pucherazo» en las primarias de principio de año. El hecho, que destapó INFORMACIÓN con la publicación de unas conversaciones entre sus dirigentes, ha provocado la renuncia del Consejo Ciudadano, entre ellos de Jesús Bustos y de la diputada autonómica Covadonga Peremarch.
En el comunicado remitido por la Ejecutiva local de Podemos, los ya exmiembros recalcan la defensa a los compañeros implicados en el supuesto «pucherazo», a la vez que sostienen haber seguido «en todo momento» las directrices de los responsables autonómicos. Es decir, el Consejo Ciudadano señala a Antonio Montiel, líder de Podemos a nivel regional y además síndic en las Cortes. «En este proceso no ha ayudado la falta de rigor jurídico, tampoco la prohibición por parte de los responsables autonómicos de que pudiésemos defendernos públicamente. [...] Sólo hemos obedecido directrices [...] y sufrido un peaje personal», añade el escrito.
Así acaba un proceso que se inició en enero, con las primarias de Podemos en Alicante, que continuó en junio, al desvelarse el presunto «pucherazo» y que tuvo su punto de inflexión en septiembre, con la decisión de la comisión de Garantías Democráticas. Pese a que los afectados recurrieron ante el comité estatal de Garantías, finalmente no han esperado a una resolución del órgano nacional.
